María José Cabrera Cifuentes
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Hace algunos meses la discusión de la Ley de la Juventud causó polémica entre distintos sectores de la sociedad. Todos ellos pretendían en aquel momento ser los portadores de la plena verdad, cerrando sus oídos a propuestas de los que pensaban distinto a ellos.
El tiempo ha transcurrido y recientemente un nuevo texto de la mencionada ley, promovido por algunos diputados del Congreso de la República, ha visto la luz, y con ello se ha perdido, a mi criterio, su razón de ser hasta cierto punto.
Uno de los temas ejes del disenso causado en un primer momento fue la necesidad de la existencia de la educación sexual integral en los centros educativos, lo cual fue visto con malos ojos por los sectores conservadores y los religiosos quienes no han podido ver el elemento pragmático dentro de esta iniciativa.
Hacerse de la vista gorda en puntos que para muchos resultan molestos e incomodos es siempre el camino más fácil, pero dista mucho de ser el más eficiente para lograr los objetivos buscados. El querer evitar el abordaje de la sexualidad es en enorme medida hipócrita, pues es absurdo pensar siquiera en que podemos ser separados de nuestra sexualidad desde el mismo momento en que nacemos.
Resulta que es la voluntad de los conservadores de este país que la ahora mal llamada “Ley de la Juventud” deje fuera a los jóvenes de entre 13 y 17 años (la Organización de las Naciones Unidas reconoce como jóvenes a las personas entre 15 y 24 años) con lo que se estaría excluyendo a gran parte de la población joven más vulnerable y más necesitada de la protección que esta ley podría llegar a significar. En un país en el que el número de embarazos en niñas y adolescentes es alarmante, no podemos darnos el lujo de esperar a que las personas sean mayores de edad para hablarles sobre sexo y los riesgos a los que están expuestos.
Esta ley bajo ninguna óptica es la puerta a otros temas incluso más incomodos, tal y como algunos sectores han aducido, y que merecen una reflexión profunda y cuya argumentación sería absolutamente distinta. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Este último jamás debería ser siquiera considerado pues daría paso libre al asesinato respaldado por la ley, y es precisamente para prevenir este tipo de actos atroces o bien el de la crianza de niños en situaciones precarias que la Ley de Juventud debe tomar lugar.
La gazmoñería nos sigue jugando en contra y evitando que el país empiece a tender hacia el desarrollo. No podemos seguir cerrando los ojos ante una realidad alarmante y rotunda. La educación sexual integral, no equivale a la promoción del libertinaje sino todo lo contrario, a incentivar la responsabilidad y en una sociedad en la que la mayoría de padres no tratan estos temas con sus hijos, es urgente que esta necesidad sea suplida dentro de otras instancias.