Oscar Clemente Marroquín
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Para el funcionamiento de la democracia, la Constitución establece el sistema de partidos políticos como entidades de derecho público mediante las cuales se canaliza la participación ciudadana. En cualquier lugar del mundo, los partidos políticos son expresiones ideológicas que aglutinan afiliados por afinidad con sus principios y con su línea ideológica, lo que permite que funcionen con distintos liderazgos, pero sin un dueño como ocurre en nuestro país donde son realmente entidades formadas alrededor de la ambición de algún individuo y que se nutren con la participación de aquellos que ambicionan un hueso.
Los verdaderos partidos políticos tienen, por fuerza, que ser la esencia misma de la democracia y las decisiones partidarias, desde las candidaturas a integrar los Concejos Municipales hasta la de Presidente y Vicepresidente de la República, tendrían que ser resultado de mecanismos democráticos internos para la selección de los que han de ser postulados. En Guatemala, en cambio, los puestos se asignan de conformidad con la inversión que haga cualquiera que, al margen de ideologías y sobre todo de principios, quiera participar. De hecho, las plataformas de los partidos políticos que constituyen la propuesta que se hace al electorado durante las campañas, tiene que ser producto de amplias consultas a las bases para que éstas, de acuerdo a su línea ideológica, decidan la forma en que se van a encarar los principales problemas del país.
Viene todo lo anterior a cuento porque la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fue aprobada por el Congreso con el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral, consagra de manera definitiva el régimen de cacicazgo y de control partidario por las cúpulas que se eternizan en la dirigencia. El verdadero dueño del partido tendrá siempre la posibilidad de controlar las pocas Asambleas Municipales que por ley tienen que realizar, lo mismo que las departamentales y las Asambleas Nacionales, lo que le permite no sólo controlar las candidaturas, sino que, además, la marcha misma de todos los asuntos partidarios.
Parte del problema que tiene nuestro sistema político es que el secuestro del modelo democrático surge precisamente en el nivel partidario, puesto que es desde allí donde se produce el control cupular de la política nacional. Se requieren mínimos verdaderamente ridículos para la organización partidaria precisamente porque ello es lo que permite que los dueños de los partidos mantengan férreo control para determinar quiénes serán los candidatos. Si un ciudadano quiere participar tiene que hacerlo de acuerdo a los dictados del dueño. Si vemos bien, ahora no hay ni disidencia en los partidos ni mucho menos diferencia entre corrientes partidarias, porque lo único que se busca es la nominación de candidaturas y si éstas no llegan, el transfuguismo se convierte en solución.
Mientras no haya un verdadero sistema de partidos políticos, tiene que permitirse que los comités cívicos funcionen a nivel departamental y propongan candidatos, así como modificar el sistema de elección para que sea unipersonal. Es idiota decir que ello atenta contra las corrientes ideológicas, puesto que en Guatemala no hay ningún partido que funcione y opere sobre fundamento ideológico porque todos son instrumento de sus dueños.
