Raúl Molina
Cada día se descubren más las nefastas consecuencias de haber militarizado el Estado guatemalteco a partir de 1963 y nuestra sociedad, luego de 1970. Un día son las maniobras peligrosas del ejército en el Río Sarstún, tratando de provocar a la contraparte beliceña, seguros de que no habrá conflicto bélico, como nunca lo hubo aun cuando Belice era territorio guatemalteco detentado por Gran Bretaña. El genocidio y otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen sentados en el banquillo de los acusados a varios ex oficiales de alto rango, semidioses del pasado, incluido Ríos Montt, quien se ampara en la senilidad y la locura para intentar esquivar la condena mínima de 80 años (con sus crímenes, 800 años no serían suficientes). Todos hemos sido testigos de la abismal corrupción que exoficiales del ejército, bajo la conducción de Pérez y Baldetti, fueron capaces de producir. Se ha presentado un recurso contra el reglamento de los Institutos Adolfo Hall -que castiga el homosexualismo y el embarazo de la mujer- por su carácter machista, que es el eje de la educación militarizada; en realidad esos establecimientos de «lavado de cerebro» deberían cerrarse y trasladarse sus recursos al Ministerio de Educación. Para ser consecuentes con el período que viven la Humanidad y Guatemala, el ejército completo debería clausurarse y disponer de esos mal invertidos recursos para necesidades reales: educación, salud, seguridad social, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, empleo, vivienda y mil más.
El Acuerdo de Paz firme y Duradera, cuyo vigésimo aniversario deberíamos celebrar el 29 de diciembre de 2016, terminó con el mesianismo del ejército, el que creó los Lucas García, Ríos Montt, Hernández, Menaldo, Gramajo, Pérez y muchos más. Se acordó un nuevo papel para el ejército: en vez de disparar contra su propio pueblo, deben sólo defender las fronteras. Nada de cuartelazos ni de meterse en el mundo de los civiles. Para construir vías de comunicación sobran ingenieros y mano de obra; para atender demandas de salud, hay médicos y paramédicos civiles; para educación, nada tienen que hacer los militares y menos para mejorar el medio ambiente; y para la seguridad ciudadana, recordemos que los soldados son entrenados para matar y no para capturar y mantener el orden. Mucho menos debe el ejército aceptar el mandato de Estados Unidos de perseguir a los migrantes. Todas estas razones le entran a Jimmy Morales por una oreja y le salen por la otra. Sigue encaprichado con hacer del ejército su aliado principal, imitando los modelos nazi y fascista y, localmente, a Otto Pérez. Ahora da a conocer su plan de desarrollo, que es el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 de Pérez, en el que con este gobierno de pretendida «unidad nacionalista» las fuerzas armadas son llamadas a jugar un papel protagónico, que es lo que El Periódico llama «el tren del desarrollo» (noticia desaparecida). Esto no es incumplir los Acuerdos de Paz, es traicionarlos en su espíritu y en su letra. ¡No a la militarización del Estado! ¡Y menos la militarización de nuestra sociedad y nuestras mentes!
