La revisión de las condiciones en que se han realizado contratos, adjudicado concesiones y otorgado licencias en todos los temas relacionados con Comunicaciones, Energía y Minas, Salud, Gobernación y los procedimientos de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, son una medida urgente en el país porque a nadie le debe caber la duda que es la forma con que se hace el terrible saqueo de los recursos y bienes del Estado a favor de quienes se convierten en nuevos ricos o aquellos que en cada gobierno son más millonarios por medio de la corrupción.
Y la mejor evidencia de que Guatemala no aprende lo estamos viviendo en estas últimas semanas con el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal. Todas las mañas para hacer el corrupto proceso se cumplen en este caso y nos demuestra que son los mismos personajes, con los mismos métodos y los mismos beneficiados los que siempre aparecerán en sus respectivas áreas haciendo el trato de la “coima” con la bandera de la competencia, modernización, la necesidad comercial del país o todas esas patrañas que nos venden en nombre del robo.
Ayer, para hablar del tema y junto a las autoridades que hacen la revisión de los procedimientos en el caso de TCQ, aparece el comisionado de gobierno Enrique Godoy, alto exfuncionario de Álvaro Arzú, acusado en su época de Fonapaz de haber malversado recursos públicos, conocedor pleno de los procedimientos con que se negociaban privatizaciones, pago de obras y de cómo el tráfico de influencias genera pactos entre el sector público y el privado, y ahora nos “explica” cuál es la propuesta del Ejecutivo para enfrentar un caso en que la tolerancia a la corrupción debe ser cero.
Pero es un ejemplo de que somos una sociedad desmemoriada porque resulta que los procedimientos de los bufetes de abogados que hicieron la trama en aquellos años a finales de los 90; los “magistrados” que más que todo eran guardianes de los pactos y ahora abogados expertos en la transa; estos funcionarios, como Godoy, que han tenido tal cuero de pasar de ser los cuestionados por corruptos a ser comentaristas a favor de la transparencia y ahora los cerebros para “defender” al Estado; y los grupos empresariales que no logran empatar sus discursos de lucha contra la corrupción con la práctica, están frente a nosotros diariamente y la población no dice nada.
A este paso, no nos vayamos a extrañar que dentro de unos años nos aparezca Allan Marroquín de comentarista de medios, nuevamente de funcionario y tomando decisiones en nombre de los ciudadanos. Qué pena tener tan claros los ejemplos y no aprender.
