Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El antejuicio es una institución que persigue proteger a ciertos funcionarios del Estado para evitarles ser objeto de encausamientos espurios o maliciosos que persigan separarlos de sus cargos. No debe ser, de ninguna manera, una institución que convierta la inmunidad en impunidad como ha ocurrido en Guatemala a la luz de la infinidad de casos de antejuicio que han sido declarados sin lugar o que, sencillamente, duermen el sueño de los justos porque su tramitación es maliciosamente retardada.
Hoy estamos frente a dos casos independientes de solicitudes de antejuicio, uno enderezado contra varios diputados de la bancada oficial por posibles delitos cometidos en reuniones de bancada para “poner de rodillas” a los Gobernadores y el otro contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia señalado de tráfico de influencias con relación al negocio asqueroso con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona que sobornó a las más altas autoridades de Guatemala para hacerse con el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Siendo casos independientes, terminan unidos porque corresponde a la Corte Suprema, de la que es parte el magistrado Charchal, decidir sobre los antejuicios contra los diputados oficialistas, mientras que corresponde al Congreso decidir sobre el antejuicio contra el integrante de la CSJ. Y han sido tramitados en paralelo porque se habla ya en el Congreso de un pacto para declarar ambos procedimientos sin lugar, convirtiendo así la inmunidad en impunidad. No estamos frente a casos de alguien que está montando un caso para apartar a magistrados o diputados de sus cargos, sino de señalamientos serios y fundados hechos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad, en el primer caso, y por el Ministerio Público en el segundo.
El procedimiento apegado a la justicia sería el de permitir que las acusaciones sean conocidas en proceso ordinario para que se determine la inocencia o culpabilidad de los encartados, pero muchas cosas extrañas apuntan a que ello no vaya a suceder. En primer lugar, el juez pesquisidor nombrado por la Corte Suprema de Justicia forma parte de la estructura compuesta por más de setenta magistrados y jueces que constituyen la gente de la magistrada Stalling, quien desde el Instituto de la Defensa Pública Penal generó un poderoso grupo de letrados.
Y la “suerte” hizo que en el Congreso se integrara una comisión pesquisidora en la que aparecen nada menos que el diputado César Fajardo, el operador de los Colom para manosear las postulaciones durante ese período y que lo siguió haciendo en el último proceso, en el que votó precisamente a favor de Charchal, y el hermano del abogado conocido como Rey del Tenis, quien ha sido uno de los factores más importantes en el control siniestro que existe sobre el sistema de justicia. El partido de los Colom tiene de hecho el control de la comisión pesquisidora y sobre esa formación política recae la responsabilidad de ejecutar el pacto de impunidad alcanzado, mismo que tendrá consecuencias políticas porque la ciudadanía estará atenta a la forma en que se tramiten esos antejuicios.
El papel ciudadano se vuelve, nuevamente, clave en el asunto. Si no pasamos del desagrado a la acción, veremos que, como dice Pérez Molina, los casos empezarán a caerse hasta que la impunidad vuelva a quedar consagrada.
