Cada cuatro años, nos sorprende que los gobiernos no le ponenpongan seriedad al proceso por medio del cual deberían informar sobre la situación del país y de las políticas en marcha a los nuevos gobernantes, con la intención de que la transición ordenada y a conciencia permita que el país no se detenga.
Pero resulta que lo que se obtiene es crisis financiera, ministerios sin rumbo y un listado de pendientes o «urgentes» que obliga al nuevo equipo a actuar como bomberos para apagar todos los fuegos y las emergencias que les dejan heredados.
Pero la transición que sí se hace es la de los negocios a favor de la continuidad del uso del poder por funcionarios públicos como facilitadores y guardianes de los intereses que por medio de las transas, concesiones, contratos o licencias obtenidos de manera ilícita, permanentemente saquean las arcas del erario y controlan los beneficios generales de Guatemala.
En el Caso de TCQ, se ha mencionado cómo es que el funcionario más importante del gobierno de Colom y Torres, Gustavo Alejos, hizo la «transición» de un gobierno a otro porque no les dio tiempo de terminar el trato en el período en el que fue Secretario Privado.
Y es evidente que lo mismo se hizo con el pacto del pago de deuda sin respaldo del Ministerio de Comunicaciones que durante el gobierno de la UNE estuvo siempre bajo el control de Alejos, o con el pago del subsidio al transporte, o el Transurbano, etc. En todos esos negocios, la transición entre gobiernos fue muy eficiente y, como queda claro en la presentación del caso, hasta sociedad hicieron para obtener los resultados que se plantearon.
Alejos ya está acusado y en prisión por los negocios que con el IGSS realizó y no es ningún secreto que ha sido el operador de los contratos de adquisición de medicamentos también para el Ministerio de Salud y el Hospital Militar. Al haber controlado el financiamiento de la campaña de los Colom Torres, Alejos fue un eficiente pagador de favores por medio de las carteras de Comunicaciones, Energía y Minas, Gobernación y Salud. Podríamos asegurar que si se busca un poco, casos como el de Aceros de Guatemala y otros beneficios de la SAT en el gobierno «socialdemócrata» quedarían tan claramente en evidencia que no sería problema proceder contra los responsables.
Pero parte de lo que tenemos que entender es que la corrupción no empezó con un gobierno y que tampoco terminó metiendo presos a Pérez y Baldetti. Lo urgente es que así como hay transición en los negocios, la justicia también trascienda los períodos y procese, encarcele y se condene a todos los presidentes corruptos que hemos tenido. Eso sí es urgente.
