Por. Rolando Alfaro Arellano
Es verdaderamente alarmante que las autoridades, en general, no adopten las medidas necesarias para evitar tantas desgracias y pérdidas de vida de tantos guatemaltecos.
En ese sentido, no existe justificación alguna para excusarse de las constantes faltas y delitos que en materia de tránsito en las carreteras del país así como de las zonas urbanas.
Por otra parte, resulta ilógico que unos días antes de cualquier actividad, sean ferias, fiestas nacionales o celebraciones religiosas, los encargados de velar por la seguridad de los guatemaltecos, tanto de orden público como de pilotos automovilistas, prevengan a los ciudadanos evitar imprudencias, a efecto de salvaguardar vidas humanas.
Sin embargo, no se cumple lo anterior porque no existen planes de contingencia, ni mucho menos de educación vial para detener esa vorágine de sangre que cada año hemos de soportar por tanta improvisación y negligencia de las autoridades pertinentes.
El colmo de todo es, cada vez, que se produce un cambio de gobierno, el desconocimiento y la inexperiencia de empezar sus actividades gubernamentales, los recién electos, como que si todo el andamiaje y estructura administrativa es de las más modernas del mundo, y confiar en funcionarios que desconocen la carrera administrativa. El resultado es catastrófico y lamentable.
A quién se le ocurrió abolir los delitos contra la seguridad del tránsito y con qué derecho se atribuyen los malos ciudadanos tales actitudes, cuando la realidad es totalmente diferente.
Existen, además, funcionarios refractarios en los tres organismos del Estado, que tienen la mala costumbre de estar cambiando personal técnico que no es politiquero por personas que nunca han trabajado en la administración pública, y el resultado se vuelve a repetir desde hace varias décadas, desastre total. Tan grave es la situación que cuando los nuevos han empezado a entender sus funciones, vuelve otro cambio de gobierno, y la historia se repite de nuevo.
Al no existir educación vial que debería ser permanente dado al atraso educativo de muchos connacionales, no se practica una correcta orientación a los ciudadanos de esa cuenta, los delitos siguen su marcha triunfal. Lo mismo, puede afirmarse de la educación cívica, en donde se debería de enseñar a los guatemaltecos a amar a su país, no sólo para los juegos de pelota, sino siempre. Resultado también desastroso, pues la mayoría de guatemaltecos, ignoran quiénes son sus mejores representantes, sean en el orden científico, cultural, jurídico, etc.
La irresponsabilidad de ordenar acciones que se ignoran, resulta contraproducente, pues el problema radica en que muchas personas, por esa falta de educación cívica, ignoran que los delitos constituyen infracciones voluntarias a la ley penal, de la clase que sea citaremos algunos ejemplos, pasarse en rojo los semáforos, maltratar a los peatones, no respetar los altos, conducir en estado alcohólico y por ello dar muerte a las personas, sobornar a las autoridades, asaltar a las personas utilizando vehículos y motocicletas.
En conclusión no vemos jurídicamente razón alguna para dispensar a los homicidas, asesinos, violadores, etc., en no aplicarles penas mayores como la de muerte, pues sin disuasivos, los crímenes seguirán en aumento. Esta es una de las razones que en la antigüedad preferían aplicar fusilamientos, la guillotina, la horca a todos aquellos delincuentes que no se detenían en despedazar a sus víctimas.
Finalmente, si estudiamos el Derecho Comparado, luego encontraremos muchos países, más desarrollados que el nuestro, que aplican la pena de muerte a todos aquellos delincuentes que jamás han respetado el derecho a la vida de sus víctimas.
