Jorge Mario Andrino Grotewold.
* @jmag2010

El estado de bienestar de la persona, concebido individualmente por sobre un Estado de Bienestar que los países tienden a buscar como política pública, debe ser una constante durante toda la vida del ser humano y para lo cual hay un proceso de aprendizaje y trabajo y así cuando el cuerpo o mente ya no tengan la fuerza necesaria, la manutención y servicios esenciales estén garantizados. Su fundamento es la solidaridad y el ahorro. Esa es una de las facetas de la seguridad social, que en Guatemala es pura fantasía.

El concepto de seguro social, da pie hace muchos años en los sistema europeos como una responsabilidad social del Estado, y puede mencionarse un antecedente interesante la Carta Social emitida por el Consejo de Europa en 1961. Los estadounidenses lo habían concebido igualmente en épocas más antiguas y con la premisa de igualdad y oportunidad para tod@s. En Guatemala, es protegido por la Constitución de la República en su artículo 100 y debe su antecedente al gobierno del Presidente Juan José Arévalo que lo concibió parcialmente solo en el área de salud, discapacidad y vejez. Pero el IGSS dista mucho de ser una entidad que otorgue seguridad social para los habitantes del país. Incapaz de cobrar efectivamente a sus deudores, con deuda notoria en cuanto a brindar salud y asistencia social a sus afiliados y renegando cada vez que puede, el pago de jubilaciones por vejez.

El Estado, además, cuenta con el régimen de clases pasivas, como complemento al seguro social, consistente en un plan de retiro para cuando el empleado público no pueda trabajar más por razones de edad y tiempo de servicio. El régimen, conocido por estar en quiebra desde hace décadas, es financiado con presupuesto del Estado, otorgando mínimas pensiones que no compensa el salario que devengan algunos burócratas. Por ello, ninguno desea jubilarse. Y los ya jubilados, en regímenes independientes que han adoptado esta oportunidad ante la ineficiencia de un Estado que los agrupe -maestros, militares y salubristas- entre otros, que no tengan una pensión digna equiparada al mal llamado salario mínimo, podrán optar a tener una actualización de esa pensión, que les permitirá pagar medicinas, alimentos y otros enseres, inclusive cuarto cuando han sido abandonados por sus familias por ser personas de la tercera edad.

Guatemala necesita ser solidaria con los jubilados, por la razón que sea -edad o discapacidad- pues de esa forma garantiza que en el futuro, quienes aporten tengan igual derecho, especialmente en contribuciones efectivas en donde el Estado administre con inteligencia y transparencia.

Si olvidamos a quienes hicieron patria en el pasado, nada garantiza que en el futuro, se reconozca a quienes hacen patria en el presente.

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