Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
La Fiscal Thelma Aldana recientemente fue distinguida por el gobierno de los Estados Unidos con un premio al que ellos le denominan “De coraje” y en el buen sentido de la palabra podría decirse que se refiere a que ella ha demostrado tener valentía, lo cual evidentemente es cierto si solo nos referimos a los grandes y llamativos casos de “La línea”, de Amatitlán y otros de similar naturaleza.
Sin embargo, ello no implica que pueda decirse que el Ministerio Público actualmente es eficiente en el amplio y general sentido de la palabra; por el contrario, la mayoría de denuncias se ven estancadas, y más delicado aun, se ven ineficientemente manejadas.
Por ejemplo, conozco un caso en el cual la gerente general y el subgerente general de una empresa, tranquilamente, para no pagar los impuestos que legalmente correspondería, y que en su gestión le han atribuido millonarios gastos improcedentes a favor de algunos de los socios y de sus familiares, ante el señalamiento presentando al Ministerio Publico de una presunta estafa en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, en lo referente al impuesto y de los socios que no están en la gestión de la empresa, simple y tranquilamente cambiaron de contador, nombraron un contador ad hoc y desaparecieron los libros de contabilidad, los comprobantes de compras y otras adquisiciones donde se evidenciaba que la gran mayoría de gastos que habían registrado no eran de la empresa.
Desaparecieron los estados de cuenta bancarios y los cheques utilizados, desaparecieron las declaraciones de impuestos, los estados de pérdidas y ganancias y con todo cinismo abrieron una nueva contabilidad y el Ministerio Publico, a través de la auxiliar fiscal respectiva, considera que no hay delito que investigar o perseguir por la presunta estafa y más grave aún, por la pérdida de los libros de contabilidad autorizados legalmente. Y para terminar de evidenciar la ineficiencia, logran que un tribunal penal acepte su planteamiento sin darles audiencia a las personas que presentaron la denuncia.
Si eso pasa con hechos tan evidentes, imaginémonos como pasará con miles de miles de casos penales, donde no se investiga o se detiene la investigación, se detiene y encarcela a posibles sindicados.
Por ello, la señora Fiscal General, Thelma Aldana tendrá que tener además de coraje, personal de su absoluta confianza, que sea capaz. El Estado de Guatemala requiere que no se evite el pago legal de impuestos, de lo contrario, se pensará que estamos en una situación como la del pavo real, por arriba lo reluciente y por abajo lo que se siente.
En el mismo caso ya mencionado, el tribunal competente se permitió trasladarle funciones judiciales de notificación al Ministerio Publico, creando una grave anomalía porque el Ministerio Publico no es notificador y al convertirse de hecho, hace que los plazos judiciales se vean enormemente afectados; así como la adecuada administración de justicia porque el Ministerio Publico decide qué acciones penales son procedentes y además notifica resoluciones de un tribunal sin que ello le permita a una de las partes cuestionar y defender su denuncia.
¡Guatemala es primero!
