Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La defensa del orden constitucional es un compromiso sagrado para los pueblos, y de esa cuenta hay que entender que la creación de una Corte de Constitucionalidad en nuestro actual ordenamiento fue un paso adelante con la idea de preservar, sobre todo, los derechos consignados en nuestra Ley Fundamental y su preeminencia sobre cualquier disposición legal o administrativa que pudiera de alguna manera reducirlos.
Sin embargo, el espíritu esencial de nuestra Constitución está en el orden democrático y republicano, lo que significa que el poder radica en el pueblo y que lo delega en sus autoridades para que ejerzan el mandato recibido en las urnas. Todo el resto del ordenamiento constitucional deriva del principio elemental de la conformación del Estado y de los fines que la misma Carta Magna le asigna. Entonces, el elemento fundante de nuestro orden jurídico está en la defensa del sistema democrático y republicano que no puede existir cuando poderes fácticos secuestran el ejercicio del poder y sustituyen el modelo de la democracia representativa por una pistocracia en la que el mandato único y efectivo es el que dan los financistas de los partidos políticos (entidades de derecho público que no cumplen con elementales normas de democracia interna para convertirse en intermediarios de la participación ciudadana). En Guatemala ya comprobamos en la última elección que el voto no cuenta, porque hagamos lo que hagamos los ciudadanos, lo que manda es la camarilla que controla los partidos políticos y que pacta con los que pagan los gastos de la actividad política.
El pueblo, en ese modelo que no es democrático, está de adorno y las autoridades terminan siendo espurias porque obtienen su poder no con base en un mandato racional y consciente de la población, sino de pactos elaborados a espaldas del pueblo en los que se reparten los beneficios del poder grupitos bien selectos que han hecho de la corrupción y la impunidad el elemento principal de su existencia.
Los poderes del Estado no son producto, pues, de decisiones democráticas y tampoco lo son decisiones como la que se acaba de tomar para integrar la Corte de Constitucionalidad que, como siempre, apunta a ser un cimiento del sistema de corrupción e impunidad, y no una garantía del verdadero orden que nuestra Constitución estableció cuando definió el modelo de democracia representativa y republicana.
La misma Constitución nos otorga a los ciudadanos el derecho de resistencia cuando los más elementales principios del sistema político son traicionados o desvirtuados, tal y como ocurre ahora con la forma de ejercicio del poder. Los ciudadanos no pudimos expulsar del Congreso a la caterva de corruptos porque éstos se agazaparon en las planillas sin dejar opción a la gente para repudiar a los peores.
Se trata de un problema serio porque la defensa del orden constitucional tiene un sentido y no es el de permitir a la corrupción acomodarse en la impunidad. Si nuestros magistrados actúan como los diputados y gobernantes, es decir como fieles y celosos guardianes del sistema de corrupción e impunidad, arrinconan al pueblo para que se plantee la defensa del verdadero orden que nuestra Constitución establece.
