Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com

En el sistema democrático la separación de poderes es fundamental y una manera de garantizar la democracia es cuando el Organismo Judicial es objetivo, imparcial y eficiente.

Dentro de la separación interna de los órganos de justicia se encuentra el Ministerio Publico, quien debe ser el fiel de la balanza al buscar el respeto de la ley y la persecución penal.

El MP debe ser reservado, cuidadoso y no permitir que se le influya o se luzca de forma alguna; por ello fue que se estimó necesaria la separación del Ministerio Publico de lo que era la Procuraduría General de la Nación, por tener roles distintos.

Durante el periodo democrático, los fiscales que han estado a cargo de esa importante dependencia han tenido diferente comportamiento y como consecuencia muy diferente resultado y reputación.

Hemos tenido distinguidos profesionales que con su capacidad han hecho paulatinamente que se respete a la institución, pero también hemos tenido fiscales como Juan Luis Florido, a quien siendo diputado del partido oficial nombrara el presidente Óscar Berger, que han denigrado esa importante posición, no sólo por haber actuado respondiendo a intereses políticos, sino porque no era un penalista de experiencia y trascendencia.

En el momento actual, el Ministerio Publico, especialmente por el apoyo que ha recibido de Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), ha adquirido prestigio nacional e internacional; sin embargo, tanto la Fiscal General, Thelma Aldana, como los fiscales de diferentes áreas tienen que tener cuidado de no convertirse en voceros ante la prensa nacional.

El proceso penal es sumamente delicado por cuanto debe tener la capacidad no sólo de buscar la aplicación de la ley sino de saber distinguir entre presunción de culpabilidad y presunción de inocencia.

Es frecuente que los medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos, busquen tener, desde el principio de una causa, noticias e información espectaculares. Sin embargo, la justicia no se hace a través de los medios de comunicación social, se hace a través de un proceso correcto, objetivo y ponderado.

Por ello, debe evitarse dentro de todo lo posible el concurrir a foros televisivos y referirse a todos los casos que llaman la atención de la opinión pública porque destruir la reputación de una persona es mucho más fácil que construirla y no debe de olvidarse que nuestra Constitución de la República, establece que todos los ciudadanos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, mediante sentencia firme ejecutoriada.

La historia demuestra que de cien acusados ni siquiera cincuenta llega a demostrárseles su culpabilidad, pero también la historia demuestra que una acusación, independiente de la culpabilidad de la persona, fácilmente ocupa las primeras planas de los medios escritos, de la televisión y de la radio; sin embargo, ello no significa culpabilidad.

Por ello, es importante que el Ministerio Público establezca procedimientos muy estrictos y que en lugar de concurrir a foros televisivos o de dar declaraciones sin mayor control, la información de todos los casos se realice a través de una secretaria de comunicación o de uno o dos voceros autorizados del Ministerio Publico, logrando así evitar errores o, más grave aún, injusticias.

¡Guatemala es primero!
Continuará.

Artículo anteriorGuerras sin fin
Artículo siguienteQue buen nombramiento, Presidente