Lucrecia de Palomo
Ahora resulta que nosotros, «los grupúsculos» que estamos en pro de la pena de muerte, podríamos estar propiciando la violencia de los últimos días. Los ataques que a diario se dan, no son nuevos, no son invención, son una realidad que se vive en el país desde hace más de 15 años y que va en aumento. Si no que lo digan los familiares de todos los ejecutados en ese tiempo, que día a día dejan los cadáveres de sus seres queridos en los panteones; que lo digan los estudiantes del maestro que mataron en Santa Rosa, que lo diga la bebé que resultó herida en la ejecución de su madre y su hermana en la zona 6 capitalina; los hijos de las tortilleras, los hijos y esposas de los pilotos de bus, etc., etc., etc.
Lastimosamente tuvo que ser ejecutado extrajudicialmente Pancho, mi marido, para que yo, como parte de ese «grupúsculo» decidiera intervenir en la situación de sangre y violencia diaria que se vive: no provocando las muertes, sino propiciando la legítima defensa. Simplemente es una cuestión de defensa personal, de buscar que se deje de ejecutar extrajudicialmente a personas honradas que buscan llevar el pan a sus hijos y que, son ejecutados por dinero o por intereses personales, sin que el Procurador de DD. HH. diga ni cuillo.
Los ataques a la lucha de reactivar la pena de muerte no se hicieron esperar, los esperábamos y están en aumento; hay muchos intereses económicos en juego. La estrategia por nuestra parte es y ha sido la de reestablecer el Estado de Derecho por medio de la divulgación fidedigna de los argumentos legales para luego someter el tema a discusión nacional. Hemos informado a la población sobre la situación de la pena de muerte, desengañándole de las consignas extranjeras. Lamentablemente, ante explicaciones válidas ahora resulta que los ataques se han vuelto personales y hasta intimidatorios.
De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la ONU, en 1948, se han derivado una cantidad de políticas que a nivel mundial se han propagado y no necesariamente han beneficiado a la mayoría, pero sí a un grupúsculo de burócratas. Los DD. HH. originalmente se contemplaron para proteger al ciudadano contra los abusos del Estado para luego ampliarse a todos los ámbitos, garantizando una vida digna para todos. Lamentablemente hay más violaciones por parte del sector privado que del Estado; ejemplo de ello es la ejecución de la pena de muerte extrajudicial que sicarios aplican varias veces cada día.
Estamos exigiendo nuestros DD. HH. al solicitar la PENA DE MUERTE JUDICIAL contemplada en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Aducen nuestros antagonistas que dicha norma no es compatible con los DD. HH. pues nadie y menos el Estado tiene la potestad de quitarle la vida a otro. Aquí es donde la argumentación se pierde. Como hombres racionales tenemos la libertad de acción, escogemos y decidimos cómo vivir. Las leyes existen para velar por que esas libertades no sean trasgredidas y de ser así, aplicar las consecuencias. Las leyes están para el bien común, no el de los delincuentes.
Recapitulando solo puedo decir «Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de otro o del bien común.» (Resumen del V Capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica).
