Jorge Santos
Michel Foucault en 1976 escribió su magistral obra Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, en la cual realiza un exhaustivo examen de la predilección de las sociedades por encerrar y castigar hasta la muerte a quienes cometían crímenes y como nuestros actuales códigos penales tienen como fundamento, los innombrables castigos realizados en la Edad Media. Foucault hace referencia a que “hay que concebir el suplicio, tal y como está ritualizado aún en el siglo XVIII, como un operador político. Se inscribe lógicamente en un sistema punitivo, en el que el soberano, de manera directa o indirecta, pide, decide y hace ejecutar los castigos, en la medida en que es él quien, a través de la ley, ha sido alcanzado por el crimen”.
En Guatemala recientemente se ha retornado la decimonónica idea de aplicar el suplicio de la pena de muerte como castigo aparentemente ejemplificante frente a la barbarie de la violencia y la exacerbada criminalidad. Y es que nadie con dos dedos de frente niega que el país está sumido en niveles de violencia que afectan a la mayoría de la población. Muertes violentas, extorsiones, robos de vehículos, domicilios, teléfonos móviles, violaciones sexuales forman parte de la cotidianidad de la población, en el tercer país más violento del planeta. Sin embargo, la divergencia se encuentra en la salida a estos fenómenos criminales; para algunos y algunas es la muerte la principal apuesta, como la fácil salida que con más violencia se pretende resolver la misma.
Sin embargo, no existe nada más alejado de la pretensión de disminuir la criminalidad, que la pena de muerte, muy por el contrario esta se aplicará sometiéndonos a una espiral de mayor violencia y desprecio por la vida mayor al existente en la actualidad. Desde cualquier perspectiva observada, ya sea legal, política, social o moralmente la pena de muerte sólo saciará el morbo por la venganza de una sociedad harta y cansada de tanta violencia.
Por ende la salida está en generar una serie de acciones encaminadas a fortalecer la institucionalidad pública en materia de seguridad ciudadana y democrática, el fortalecimiento del Sistema de Justicia, el control del Sistema Penitenciario y lo más importante se debe de concentrar en impulsar una política pública que disminuya drásticamente la enorme inequidad existente en el país. Mientras que la inequidad en Guatemala siga siendo de las más altas en el mundo, exista un Ministerio Público y Organismo Judicial debilitado por falta de recursos y el enquistamiento de redes criminales y de impunidad, mientras la absurda militarización sea considera el camino, las cárceles estén en manos de un criminal y la pena de muerte siga siendo siquiera considerada, no será posible reducir ni un ápice la crónica violencia que hoy nos acecha. De esa cuenta, nuestra apuesta de lucha y reivindicación permanente es y deberá ser siempre la vida.
