Félix Loarca Guzmán
Ayer martes 8 de marzo entró en vigencia la Ley de Tarjetas de Crédito contenida en el Decreto 7-2015 del Congreso de la República, que entre otras cosas, busca frenar los cobros de altos intereses y una diversidad de cargos ilegales, así como el acoso irrespetuoso contra los deudores que hayan caído en mora.
Es del dominio público que estas empresas pertenecen a varios de los principales bancos del sistema, los cuales a su vez, son propiedad de poderosas familias.
Varias entidades del poder económico, entre ellas el CACIF, interpusieron ocho acciones de inconstitucionalidad contra la nueva ley.
Sin embargo, aunque la normativa cobró vigencia hasta ayer, desde el pasado 4 de marzo, algunas de estas compañías, realizaron las modificaciones de sus nuevas condiciones, en una clara acción de “venganza” por el Decreto del Congreso.
Muchos de los tarjetahabientes se han quejado que en algunos casos, los cambios de los costos de operación, empezaron desde el día cuatro de este mes, pero fue hasta uno o dos días después que les informaron sobre tales reformas.
Por otra parte, varias de las emisoras anunciaron un seguro de robo y otros riesgos, pero sin notificar el monto de tal cobro.
Entre los nuevos cargos sobresalen cobros exagerados por membresía anual o por beneficios, pago tardío, por sobregiro, por reposición de la tarjeta, por extravío o deterioro, costo de retiro en cajeros automáticos, costo de seguro por robo, y extravío o uso no autorizado de la tarjeta.
Asimismo, algunas de las emisoras dispusieron reducir a diez días el límite de pago después de la fecha de corte.
Llama la atención que todas estas empresas están actuando en forma unificada en una especie de cuasi monopolio, obligando a los clientes a aceptar sus nuevas políticas, para “recuperarse” por el “agravio” que les representa la nueva ley.
Es censurable que el actual Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, quien fue ministro de Finanzas del gobierno de Álvaro Arzú, no haya intervenido para frenar los nuevos cobros de las empresas de tarjetas de crédito, pues conforme el artículo 133 de la Constitución de la República, es el obligado a ejercer la vigilancia e inspección de los bancos e instituciones de crédito, de seguros, afianzadoras y otras más.
