Juan Antonio Mazariegos G.
En una noticia publicada el día de ayer por este vespertino, el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada comentó el trabajo que realiza su despacho alrededor de generar una agenda para la transparencia fiscal, la cual tendría como primer objetivo el responder a la solicitud de Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos quien esta misma semana condicionó los fondos del denominado proyecto Alianza para la Prosperidad, al combate a la corrupción y la lucha contra la migración ilegal por parte de los países que integran el Triángulo Norte, dentro de los cuales se encuentra Guatemala.
La agenda en cuestión se antoja, en el mejor de los casos, como un listado de buenas intenciones que pretende satisfacer al donante y permitir que fluyan los fondos prometidos hacia Guatemala, situación que sin duda sería importante, vendría a aliviar el déficit fiscal que enfrentamos y a calmar no todas pero si varias de las necesidades que como país tenemos. El problema, es que al solo empezar a esbozar los reglones que deberían de conformar esta agenda, nos topamos con temas como el compromiso de utilizar el sistema de Guatecompras, evitar la compra directa, eliminar las transferencias presupuestarias, hacer pública la nómina de todos los integrantes del Estado, eliminar el Listado Geográfico de Obras, etc., y sin que sea necesario ir mucho más lejos, ni mucho más inteligente, con eso ya la tarea parece más fácil de listar que de realizar.
En ese orden de ideas, mi primera sugerencia para el donante sería que no acepte planes sino exija resultados, si de verdad está pensando en que los fondos vengan destinados a mejorar las condiciones de vida en nuestros países, gracias pero no entregue un cheque en blanco, que le presenten las obras concretas en que se invertirán los fondos y exija que los planes de implementación de las mismas contengan instrumentos de medición que permitan corroborar los avances y finalización de estas, que se exija que los proyectos salgan a concurso y que los oferentes no puedan participar sin cumplir con todos y cada uno de los requisitos que exigen las leyes, además de que se haga públicos el contrato y sus adjudicatarios, que se destine un porcentaje de la donación al pago de un ente fiscalizador, de preferencia internacional que tenga obligación de certificar todos y cada uno de los pasos del proceso de ejecución y construcción de cada una de las obras. Si no le garantizan lo anterior conserve su plata, dónelo a alguna entidad que ayude a nuestros niños migrantes no acompañados y traté de recibirlos lo mejor posible que aquí seguramente, sin los anteriores requisitos no serán beneficiados con su dinero.
