Rolando Alfaro Arellano
“Si la instrucción jurídica superior debe
reservarse a los juristas,
no puede menos de impartirse a
todos los ciudadanos una instrucción
inferior”. Francesco Carnelutti.
Dedicado a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
II
En artículo anterior, referíamos la pérdida de tiempo que las distintas administraciones que han dirigido a la República de Guatemala y que vienen provocando, y, agregándosele la terrible falta de educación cívica.
Entre la desidia, el manipuleo de la población, especialmente analfabeta y los indiferentes egoístas de siempre, se vienen manteniendo el atraso de todos y cada uno de los ciudadanos.
En ese sentido, los grandes juristas han recomendado que se ilustre a los habitantes de cada país, especialmente por medio del juicio oral, que tantas veces hemos sugerido por esta columna y por diversas publicaciones.
Sin embargo, los legisladores del 85 al 14, no han querido más que conocer proyectos de ley de efecto económico, soslayándose la actualización de nuestra legislación de forma verdaderamente irresponsable. Así para justificarse han emitido normativas que en lugar de fortalecer el sistema procesal nacional, lo vienen entrampando.
De lo expuesto, se colige que el atraso de observa en el abandono y preparación de los propios legisladores y funcionarios públicos. Y otros funcionarios obligados a la aplicación de las leyes de diverso efecto. Y, sin duda, con el profundo malestar de la población por el retardo de la aplicación de una normativa pronta y cumplida.
Podemos ofrecer algunos ejemplos, falta de codificación de las múltiples disposiciones administrativas, leyes antitécnicas como la Ambiental que adolece de serias lagunas legales, y de comprensión y de su legislación colateral, provocándose un caos por falte de reglamentos.
Por otra parte, se han parchado disposiciones delicadísimas como el Código Penal, el Procesal Penal, el Código de Trabajo con redacciones deficientes, y un infinito etcétera.
El pecado capital de muchos legisladores es no prever que la mayoría de la población es analfabeta, y por esa circunstancia se viene insistiendo en la Oralización Procesal. La verdad duele, pero las Facultades de Derecho del país deberían unificar criterios, pues esta recomendación evitará tener que estar graduando profesionales sin conocimiento en Oratoria Forense.
Lo penoso de todo lo anterior es el atraso y la falta de interés por emplear una metodología acorde con los avances del Derecho Comparado.
Lo afirmado podrá ser confirmado por las autoridades pertinentes al escuchar las quejas de sus mentores respecto a la falta de interés de los estudiantes por investigar y poseer textos de consulta. Los resultados, tendrán que ser, entonces, los mismos, es decir, falta de vocabulario jurídico y de interés por mejorar su condición de profesionales técnicamente preparados.
Continúa.
