Juan Antonio Mazariegos G.
De conformidad con diversas noticias de prensa, el Congreso de la República aprobó esta semana, por aclamación (107 votos a favor), una reforma al Código Penal y a la ley en materia de antejuicio, por medio del cual se instaura la pena de prisión para los funcionarios públicos que no asistan al Congreso a cumplir con el derecho Constitucional que tienen los diputados para interpelarlos.
Nuestra Constitución Política de la República señala, en su artículo 165 literal j, el derecho de los diputados a interpelar Ministros de Estado y en su artículo 168 declara la obligación de estos últimos de acudir a este llamado. A partir de entonces mucha agua ha corrido.
Para nadie es un secreto que el Congreso de la República ha vivido sus años más secos de producción legislativa durante los últimos períodos, y mucha de esa inactividad obedece a las constantes interpelaciones que la bancada de Libertad Democrática Renovada promovió durante el pasado Gobierno, período durante el cual llegó al colmo de interpelar durante más de un año al Ministro de Cultura y Deportes de aquel entonces, sin ningún propósito u objetivo más que el de bloquear la agenda legislativa y tomar posiciones de poder frente al partido en el Ejecutivo, el cual para ese momento era su rival más directo en sus aspiraciones de tomar el poder. Por su parte y para variar, sin que le importara en lo más mínimo el texto Constitucional, Otto Pérez Molina, dio orden a sus Ministros de Estado para que no comparecieran a los llamados de interpelación que les hacían los diputados bajo el argumento de que tenían mejores cosas que hacer y que enviaran a sus viceministros en su lugar. Sin duda, ambas posiciones en franca desobediencia y abuso a nuestra Constitución, pero que marcaron la relación entre los organismos de Estado de aquel momento. Hoy sin duda el Congreso vuelve por sus fueros y como considera poco coercitivo que la Constitución mande que se asista a las interpelaciones que se señalen, los diputados ni lentos ni perezosos se fueron a buscar un nuevo garrote, que materializado en pena de prisión, podrán exhibir ante un Ejecutivo sin duda mucho más débil que el Gobierno de Pérez Molina.
Dentro de esta coyuntura podemos conjeturar que el Congreso se apresta a establecer las nuevas relaciones de poder con el Ejecutivo y que ante la pasividad de este prepara su arsenal. En mi criterio, el volver penal un asunto eminentemente Constitucional solo perjudicará el equilibrio de poderes y nuestra Constitución es bastante clara en cuanto a la obligatoriedad de las citaciones para interpelación. Si se pretende regular que se regule estableciendo las bases para interpelaciones productivas para el País, la obligación de asistir ya está regulada.
