Javier Estrada Tobar
Jestrada@lahora.com.gt
@JAVIEResTOBAR
No sorprende que la percepción de la corrupción haya empeorado el año pasado. Después de todo, era previsible que los guatemaltecos cambiaran su forma de ver y actuar ante este problema, luego de que se expusieran los excesos cometidos en el gobierno anterior.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional midió los niveles de percepción de corrupción del sector público en 168 países en todo el mundo, con base en diversas entrevistas a expertos y empresarios locales.
En una escala de cero a cien (donde cero es el nivel más alto de percepción de corrupción y cien significa un nivel ínfimo de corrupción), Guatemala obtuvo una puntuación de 32 puntos; es decir, cuatro puntos más que en 2014, cuando obtuvo un puntaje de 28.
A partir de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) sacó a luz el Caso La Línea, que desencadenó la captura de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la transparencia se convirtió en una materia obligatoria para las instituciones y los funcionarios que se quieren presentar políticamente correctos ante una ciudadanía cansada y agobiada por la corrupción.
Es difícil encontrar hoy a un ministro, secretario, diputado o magistrado que no incluya los términos “transparencia” o “rendición de cuentas” en sus discursos o en declaraciones ante la prensa, y reafirme que es parte de la cruzada de la lucha contra la corrupción que dirigen la CICIG y el comisionado Iván Velásquez, al lado del Ministerio Público y la fiscal Thelma Aldana.
Sin embargo, los guatemaltecos no podemos creer en esa retórica si no tenemos evidencias claras y contundentes, para confirmar que si verdaderamente las autoridades están del lado de la transparencia, o si son cómplices de la añeja corrupción incrustada en el Estado.
Tenemos que estar muy atentos a esas falsas demostraciones de transparencia, de personas que se encuentran muy cómodas señalando a los corruptos del pasado, pero que están en la plena disposición de enriquecerse de manera ilícita a través de negocios oscuros con fondos públicos.
Realmente no es tan complicado identificar a los «falsos profetas» de la transparencia; solo hay que echar un vistazo a sus decisiones y actuaciones, e indagar acerca del manejo de los recursos públicos en su gestión.
A los ciudadanos nos asiste el derecho al acceso a la información pública, es decir, que tenemos la posibilidad de exigir todos los datos e informaciones de todas las entidades públicas y privadas que manejan fondos públicos.
En todos los portales de esas entidades debe encontrar un apartado con el titular “Ley de Acceso a la Información Pública”, o similar, en el que debe estar disponible y actualizada la información básica sobre los movimientos financieros, directorio de trabajadores, viajes, viáticos y muchos otros datos más.
Si no encuentra la información que busca, puede contactar por escrito, teléfono o de manera electrónica, y exigir los datos públicos. Es esta una verdadera herramienta fundamental para cumplir con nuestro papel de fiscalizadores.
