Raúl Molina
Por más que se desee “maquillarlo”, padecemos un Estado “fallido”. El Departamento de Estado nos define como país donde la corrupción es generalizada, al igual que la impunidad, con un Estado disfuncional y deficiente. La receta de EE. UU. es hacernos tragar su “Alianza para la Prosperidad” y convertirnos en neocolonia consumada, como se ha hecho en Haití. Esto dista mucho de lo que el Movimiento Ciudadano por la Dignidad se planteó. El paso necesario e impostergable es salir de la condición de “fallido”, no por la vía del sistema político vigente -tres Poderes que funcionan en respuesta a los intereses estrechos de los “poderosos” y partidos políticos con prebendas económicas y políticas- sino que con la continuidad y profundización de la participación ciudadana. La meta y punto de partida para crear un Estado distinto es un nuevo Pacto Social, basado en una Constitución radicalmente distinta, redactada por una Asamblea Nacional Constituyente.
Somos muchos quienes planteamos este histórico cambio. Ya existe una iniciativa de ley en el Congreso (0001, registro 5022), que pretende ser una vacuna frente a los cambios sustanciales que se requieren. Debe ser rotundamente rechazada por incompleta. Hay iniciativas más serias, como la convocatoria de la CICIG y el MP para abordar reformas constitucionales del sistema judicial. Aún se queda corta en cuanto a quienes deben proponer cambios en el sector justicia, porque esas reformas deben sustentarse en un Pacto Social nuevo, con un concepto distinto del Estado, y no pueden, simplemente, colocar parches a la actual situación. Debemos estructurar un Estado multiétnico, multicultural y plurilingüe, con equidad de género, que erradique el sexismo, el racismo y todo tipo de discriminación, y que ponga al ser humano -y no la ganancia- en el centro de las actividades sociales, económicas y políticas. La Constituyente no es para reformar 21 artículos de la Constitución, como se propone en el Congreso, sino que para redactar una nueva Constitución.
¿Qué carácter debe tener la Constituyente y cómo se elige? No se trata de crear un organismo de la clase política, sino que un ente que refleje a la ciudadanía toda. Hay que elegir representantes de las y los ciudadanos, no mediados por partidos políticos, recurriendo a su nominación y elección por distrito geográfico, incluido el que comprenda a las y los guatemaltecos en el extranjero. Es impensable que no estén debidamente representados los cuatro pueblos: Garífuna, Ladino, Maya y Xinka. Es impensable también que la proporción de mujeres y de jóvenes no se corresponda con la realidad del país e, igualmente, que los grupos hasta hoy discriminados no tengan representación. La nueva Constitución nos debe representar a todas y todos y no seguir siendo la patente de la “Patria del Criollo”. Es esencial una Constituyente realmente democrática: la ANCP, “Asamblea Nacional Constituyente de los Cuatro Pueblos”. Hace apenas un año, la salida de Pérez y Baldetti era “una quimera”. Hoy, muchos dirán que es igualmente “quimera” la ANCP; pero la ciudadanía puede y debe convertirla en realidad.
