Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
A medida que los medios de comunicación continúan informando sobre la situación laboral en el Congreso, la bola de nieve es cada vez más grande.
Aunque a los seres humanos nos cuesta aceptar nuestros errores, no se puede justificar ni excusar que los expresidentes del Congreso, Leonel López del PAN y Jorge Méndez Herbruger del PAN y luego de la Gana, hayan suscrito pactos colectivos de condiciones de trabajo totalmente lesivos a los intereses de Guatemala, su responsabilidad es enorme.
Es competencia del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas y del mismo Ministerio de Finanzas Públicas evaluar todos los aspectos que conlleva la irresponsabilidad de haber suscrito dichos pactos colectivos.
También debe de analizarse las implicaciones y responsabilidades que pueden haber tenido los presidentes que posteriormente fueron electos y las juntas directivas que no denunciaron dichos pactos, incluso, contraviniendo disposiciones legales vigentes y no permitieron que se conociera cuál era el personal contratado de forma fija o de forma temporal en el Organismo Legislativo. Esa tarea tendrá que efectuarse por las autoridades fiscalizadoras señaladas.
Es urgente que sea público en qué fecha y por quién fue contratado cada uno de los trabajadores que integra la nómina del personal permanente del Organismo Legislativo, su preparación académica o su relación personal con cada uno de los diputados en las diferentes legislaturas.
De forma perentoria debe hacerse un estudio por una empresa especializada, o por la Universidad de San Carlos o por el Colegio de Auditores y Contadores Públicos y en el mismo señalar cuáles son los rangos de salarios justos y correctos en el medio nacional para que así el personal fijo que quede al servicio del Congreso sea tratado de forma digna y justa, sin que se cometan abusos o incorrecciones de ninguna de las dos partes: empleador o empleados.
Esta situación que ahora se conoce gracias a la actitud del diputado Mario Taracena Díaz Sol, es solo la punta de iceberg. La ciudadanía y la población tienen derecho a saber cuál es la situación laboral en cada una de las municipalidades del país, empezando por la municipalidad de Guatemala, la de Mixco, Villa Nueva y todos y cada una de las mismas. No podemos olvidar que actualmente las comunas funcionan principalmente en base al aporte constitucional del 10%, el IVA-Paz y muchos otros impuestos como el IUSI.
Si bien no se puede pagar injustamente, igual de injusto es pagar de menos que pagar de más.
Otro aspecto de la grave situación en que se encuentra el Ejecutivo son los pactos colectivos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por cuanto se ha degenerado lo que debe ser un pacto colectivo de condiciones de trabajo y las nóminas o contrataciones de personal fijo, por contrato o temporal.
¿Qué es más grave? Todos esos abusos o la corrupción a la que se ha iniciado la persecución por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. Ambos son cánceres que deben ser enfrentados como se enfrenta esa enfermedad, por cuanto ello permitirá que la recaudación de impuestos se emplee en servicios para la población guatemalteca y no en privilegios o beneficios de unos pocos burócratas.
¡Guatemala es primero!
Continuará
