Mediante el ejercicio de las acciones que contempla la Ley de Acceso a la Información, La Hora obtuvo hoy respuesta a la solicitud presentada para que se nos informara en la Corte de Constitucionalidad si el exmagistrado Alejandro Maldonado Aguirre había sido indemnizado en ese órgano jurisdiccional cuando renunció al mismo para convertirse en Vicepresidente de la República tras la renuncia de Roxana Baldetti, lo que luego le permitió llegar a Presidente de la República cuando, a su vez, renunció el general Otto Pérez Molina a la primera magistratura de la Nación.
Hicimos la pregunta porque cuando a Maldonado se le preguntó sobre su futuro dejó abierta la puerta a la posibilidad de que alguno de los órganos que eligen magistrados a la CC pudiera pensar en él y proponerlo. La respuesta que recibimos de la Corte de Constitucionalidad es que, efectivamente, el Magistrado Alejandro Maldonado Aguirre recibió una indemnización de Q396,286.15.
En otras palabras, Alejandro Maldonado Aguirre fue indemnizado y está, según él, “disponible” por si el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos o el Organismo Ejecutivo piensan en él para que regrese al recinto de donde salió jugosamente indemnizado. Sus probabilidades estarían en el Congreso de la República, de donde ya salió para ser miembro de la CC o en el Ejecutivo, puesto que él acredita sus credenciales como celoso guardián de este sistema agonizante que tanto los diputados como el presidente Morales se preocupan por apuntalar a toda costa y a como dé lugar.
El paso de Maldonado por la Presidencia no llegó a ser intrascendente porque en el último tirón de su mandato mostró el cobre luego de la aprobación del acuerdo estableciendo salarios más mínimos que el mínimo y al perder estruendosamente los estribos. Pero no sólo no movió un dedo contra el sistema de corrupción e impunidad que hay en el país, sino que se ratificó como el hombre leal a ese sistema que estará presto para continuar sirviéndole desde la CC, cargo más jugoso que el de diputado del Parlamento Centroamericano que, de todos modos, no es depreciable como cuartel para el retiro definitivo.
Por supuesto que comparado con la indemnización que le tocaría a un empleadito del Congreso de la República lo de Maldonado puede parecer una bicoca insignificante, pero así como se cuestionan los pactos colectivos por inmorales, hay que cuestionar la inmoralidad de una indemnización otorgada a funcionarios electos para período determinado y que, por lo tanto, no tendrían derecho a ser indemnizados. Pero en el país de los caraduras, todo termina siendo aceptado.
