Jorge Raymundo
De nuevo un grupo de militares tiene que dar cuenta de sus actos ante la justicia y ante la historia. Militares que olvidándose del derecho a la vida y la protección de grupos civiles no armados, no combatientes, como deberes ante la humanidad en conflictos armados, cometieron atrocidades que según ellos quedarían en el olvido y quedarían impunes.
Como les funcionó al grupo de abogados que se decían «defensores» de Ríos Montt por genocidio de entorpecer el desarrollo del proceso, de burlarse del tribunal, de litigar en los medios de comunicación y de levantar el viejo y desgastado temor al comunismo o de una lucha contra la guerrilla, en lugar de demostrar en los tribunales la inocencia del genocida; ahora, los defensores de los militares que fueron capturados en estos días, parece ser que quieren seguir la misma estrategia o como dicen las abuelitas, las mismas mañas, propalando una serie de bolas en los medios, en lugar de acudir al tribunal con sus defendidos y convencer a los encargados de impartir justicia que son inocentes, por las pruebas de descargo que presentan.
Lo que algunos no terminan de entender es que a los militares encartados no se les quiere someter a la justicia por haberse enfrentado a la insurgencia y por haber combatido gente armada que estaba en lucha, por vía violenta, contra el régimen y el sistema de gobierno en los años 80 del siglo pasado. Sino, con el pretexto de combatir a la guerrilla, el ejército en cuyo seno se materializó el racismo y la xenofobia en su máxima expresión, se quiso exterminar a uno de los pueblos indígenas de este país, como es el pueblo maya de Guatemala. Solo así se explica que el ejército, desde sus más altos mandos hasta la tropa combatiente, se haya ensañado contra mujeres, ancianos, niños menores de edad y hasta bebés recién nacidos, hayan cometido una de las peores masacres en América Latina contra población no combatiente.
Se exterminó a población civil y se les enterró en una base militar, por Dios, alguien lo hizo, alguien lo supo, alguien lo autorizó. ¿Los jefes militares de aquel entonces dónde estaban? Si tuvieran que argumentar que fueron subalternos por su propia cuenta los que cometieron esos abusos, se pudiera aceptar que así fue en uno o dos casos, pero es imposible que los jefes militares no se dieron cuenta o no lo autorizaron o se hicieron de la vista gorda, de esos «abusos» con cientos de casos de desaparecidos, torturados y enterrados vivos en una base militar. Este extremo es lo que los abogados y los acusados tienen que demostrar en un juzgado que ellos son inocentes y no andar diciendo que es una persecución contra el ejército, que es una venganza de la guerrilla o es obra del comunismo o como dijera en un medio televisivo un extranjero viviendo en Guatemala, que trabajó en Minugua que con estas capturas «se vulnera el espíritu de la paz» como que si la paz significa olvidar esas masacres de población civil desarmada o que los familiares de las víctimas no tienen derecho a saber la verdad de qué pasó con sus familiares.
Vaya que son llevados a un tribunal para que aclaren su situación, tienen derecho a defenderse, tienen abogados bien pagados, ojalá por ellos mismos, para ser defendidos y que tengan su «debido proceso», pero los que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y de sus aldeas y fueron trasladados a una base militar para ser torturados y asesinados sin misericordia, no tuvieron esa oportunidad. No se les siguió el famoso debido proceso que, en muchos casos con artimañas entorpecen la averiguación de la verdad, como lo que se pretende hacer de nuevo. Ojalá esta vez no recurran de nuevo a esas artimañas, sino se dediquen a dilucidar las acusaciones del Ministerio Público y los familiares de las víctimas que no son culpables de estos hechos de lesa humanidad. Deberíamos de crear una cultura de saber la verdad sobre los hechos lamentables que ocurrieron en el país y someterlos al escrutinio de la justicia. Solamente así, «no se vulnera el espíritu de la paz».
