* Julio Roberto Bermejo González
jrbermejo@berrnejolaw.com
La ciudadanía toleró y consintió por muchos años los niveles de corrupción que se manifestaban a todos los niveles del gobierno central y demás instituciones del Estado, y que muchos analistas y periodistas destacaban, sin que ningún sector, gremio o partido político reaccionara.
La situación llegó a un punto sumamente crítico que permitió que el Ministerio Público y la CICIG destaparan uno de los tantos casos, el de La Línea que involucró al Presidente y Vicepresidenta de la República y a otros sinvergüenzas más.
El Caso La Línea hizo despertar al pueblo de Guatemala y en una forma solidaria y responsable y fundamentalmente «pacífica» explota la indignación y la exigencia de una depuración profunda del sistema político, porque ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial asumían la responsabilidad de contribuir al establecimiento y fortalecimiento de un sistema democrático que consolidara el desarrollo político económico, social y cultural del país. La corrupción se generalizó, y ello colocó al país en la situación deprimente que se manifiesta con de que los ingresos no alcanzan a cubrir el financiamiento del Estado, a que los hospitales colapsan, la administración de justicia llega a niveles de jueces con antejuicio y acusados de corrupción, y lo más grave, la paralización del Congreso de la República, quien en todo el año emitió muy pocas y casi todas intrascendentes decretos legislativos. Todo este desorden se expresó en algo sumamente grave; una destrucción infantil profunda, una pobreza que de 51% paso al 60% de la población y una extrema pobreza que de 21% se elevó a 29% y todo ello unido a un sector informal que oscila entre 75% y 80% y el sector, fundamentalmente el agrícola, sin una remuneración digna.
Todo lo anterior nos condujo al nivel de indignación y exaltación popular más alta que ha tenido este país, donde se unieron a la protesta todos los sectores sociales, sin ideologías y solamente impulsados por el profundo descontento con la situación imperante. Esta fue una expresión patriótica y ciudadana de gran significación porque la población planteó y exigió depuración y cambios profundos en el sistema político y cambios importantes en la legislación.
Se logró que unos funcionarios corruptos estén siendo procesados bajo la loable presión del Ministerio Público y la CICIG, pero esto no es lo más importante, ya que la clase política y los cambios en la legislación no se han dado y todavía hay muchos en sus puestos dentro de la administración pública, el Congreso de la República y el Organismo Judicial.
Según la legislación vigente mientras sucedían los acontecimientos y manifestaciones populares, en los últimos meses de 2015 correspondía celebrar elecciones. Muchos que escribimos sobre el tema, señalamos, que las elecciones no debían de celebrarse en las fechas que se llevaron a cabo porque el país necesitaba un cambio radical en el sistema político, y que no era políticamente aceptable que con los candidatos a Presidente y Vicepresidente que se habían postulado y Alcaldes señalados de corrupción que también pretendían reelegirse no era razonable ni políticamente congruente con la aspiración popular que se había manifestado. Sin embargo, las elecciones se celebraron y el resultado fue el siguiente: Se eligió un Presidente y Vicepresidente más como una reacción de rechazo a los «inaceptables» y no por su potencial y capacidad y porque se presentó como el candidato que no era «ni corrupto ni ladrón». Ojalá que esto no resulte en un chasco y decepción popular.
Pero quizás lo más grave fue que de 158 diputados se reeligieran 78 y entre los nuevos van gentes marcadas de corruptos y todos estarán integrando la clase política a la que le corresponde hacer la transformación institucional que el país necesita para consolidarse bajo un Estado de Derecho que permita superar el subdesarrollo político, económico y social que agobia al pueblo de Guatemala, tal como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley del Servicio Civil, la Ley de la Contraloría General de Cuentas, la Ley de la SAT, la Ley de Comisiones de Postulaciones, la Ley de la Carrera Judicial y otras también importantes, porque de lo contrario el desorden y la corrupción dentro de las instituciones perdurará.
En el actual Congreso de la República impera un desorden y corrupción asombrosa de la que se salvan dos o tres diputados y los restantes están sumergidos en transas increíbles, manejo del sistema geográfico nacional de obra pública y muchas otras cosas más que perfilan una gran corrupción. La Justicia les está llegando a algunos, pero todavía no a todos los que son.
Este Congreso que entrega el 14 de enero 2016 no respondió ni tomó conciencia que el pueblo de Guatemala demandaba de ellos que hicieran los cambios legales que pudieran permitir que se restableciera el equilibrio institucional, y por ello es que a esa ciudadanía que se expresó durante cuatro meses a partir del 25 de abril le corresponde volverse a manifestar pacíficamente ante el Congreso de la República a efecto de que los señores diputados entiendan que tienen un compromiso con el pueblo de Guatemala y realicen las reformas legales que la sociedad civil y los tanques de pensamiento le han planteado y que tomen conciencia de que si no responden adecuadamente, el pueblo se los podrá exigir en forma más determinante. A partir del 14 de enero toda la ciudadanía responsable tiene el derecho de volver a las calles para exigir los cambios que durante tantos años no ha logrado obtener.
Doctor en Derecho*
