Félix Loarca Guzmán
El presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, está terminando con el pie equivocado su insulso e insípido gobierno de transición, al fijar salarios diferenciados, o sea inferiores al mínimo, en cuatro municipios del territorio nacional, en una clara expresión de arbitrariedad y abuso de poder, para congraciarse con la clase dominante, a la que siempre ha servido como político de ultraderecha, y como funcionario público.
En efecto, aprovechando la euforia de los guatemaltecos por las fiestas de Año Nuevo, emitió los respectivos Acuerdos Gubernativos, los cuales entraron en vigor a partir del primer día de este mes de enero en Masagua, Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso y Estanzuela, en Zacapa.
Numerosos sectores sociales, especialmente organizaciones sindicales, el Procurador de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y entidades académicas como el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, (Ipnusac), reaccionaron con fuertes críticas, ante la decisión del gobernante, denunciando que los salarios diferenciados son inconstitucionales, y además, vulneran principios de derechos humanos, garantizados por convenios internacionales ratificados por Guatemala.
Las primeras acciones de impugnación ya fueron presentadas ante la Corte de Constitucionalidad, tribunal que el pasado mes de septiembre emitió una sentencia estableciendo claramente que los salarios diferenciados son inconstitucionales.
Hay que puntualizar que los citados salarios violan groseramente el principio de igualdad garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala. Ese artículo señala que, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, el artículo 102, inciso b), dice tajantemente que todo trabajo será equitativamente remunerado.
El actual Presidente de la República, vanamente ha tratado de atenuar las críticas mediante una campaña mediática por la televisión y otros medios, pero sus explicaciones resultaron muy débiles, sin ninguna consistencia jurídica a pesar de su ropaje de ex Magistrado del sistema de justicia.
