Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Empezando el 2016 tenía algunos temas en la mente como la necesidad de simplificar la operación del Estado, pero este asunto de los salarios diferenciados para cuatro comunidades en el interior merece atención.
“No hay peor salario que el que no se tiene”, “invertir en el interior requiere de costos menores porque es muy complicado” son frases que han esbozado miembros de la dirigencia empresarial.
Y con las dos concuerdo, pero no comparto la manera en la que lo enfocan porque resulta que el perjudicado termina siendo el trabajador. Las remesas que mantienen un “consumismo” artificial, son producto de trabajadores que han migrado a Estados Unidos porque en Guatemala no tenían oportunidades.
Entonces plantean como gran atractivo que la gente se pueda quedar en Guatemala pero recibiendo salarios que aseguran para siempre el círculo generacional de la pobreza cuando en realidad, hay otros costos que se pueden y deben diferenciar.
Se pretende que el Estado intervenga para contravenir la ley (la Constitución y los convenios de la OIT ratificados por Guatemala lo prohíben y para diferenciar salarios, nos guste o no, se debe modificar la Carta Magna) y atornille a los trabajadores, pero ni se piensa que el Estado pueda ser el facilitador o peor aún imponer que, por ejemplo, quienes inviertan en el interior tengan accesos a costos más baratos de energía, o que el Estado intervenga para mejorar la infraestructura y la seguridad del país, que luego impactan en los costos de operación.
Solo enfocarse en los salarios es como darle aspirina a un enfermo de cáncer; en otras palabras, el problema requiere de soluciones integrales y no podemos romper la pita por lo más delgado. Creo que quien trabaje a tiempo parcial se le debe pagar parcial pero este no es el caso y para ello, también hay que modificar la ley.
A quienes inviertan en el interior hay que premiarlos e incluso se puede pensar en exoneraciones fiscales, pero a la vez debemos idear un mecanismo de control y verificación para poder medir de forma real a quienes operan con el afán de evitar que alguien monte operaciones fantasma solo para obtener beneficios.
Yo sí creo que al interior hay que llevar progreso y oportunidades, pero no puede ser reduciendo lo que se invierte en la gente y por ende, es que el Estado debe intervenir pero no para atornillar al trabajador sino para hacer su papel mejorando la infraestructura, para ser facilitador con proveedores de servicios que abaraten los costos y para proponer exoneraciones a quienes lleven desarrollo al interior.
La idea es empoderar a la gente y ofrecerle un futuro, pero no podemos seguir cometiendo el error de pensar que la gente “tiene que estar agradecida de que aunque sea haya algo”. Claro, algo es mejor que nada, pero esa no puede ser la nueva Guatemala que estemos pensando en reconstruir.
No tiene por qué haber pleito entre empresarios, trabajadores y sociedad civil si todos nos ponemos a trabajar en forma en la que podamos verdaderamente ganar y para ello es necesario dejar por un lado la idea de que los salarios deben ser el costo más bajo, porque pueden y deben haber otras alternativas.
Si hemos dejado abandonado al país y a la gente del interior durante años, no podemos pretender que con un par de medidas cosméticas y de corto plazo recuperaremos el tiempo perdido.
Ya basta de pensar que con parches sacaremos adelante el país; este es el momento en que un tema como la “generación de oportunidades en el interior” requiere de un gran acuerdo nacional en el que participemos todos y en el que estaría a prueba nuestra capacidad de alcanzar acuerdos y se medirá nuestro deseo por “la nueva Guatemala”.
Ojalá el nuevo Presidente pueda liderar ese esfuerzo, pero por lo que he visto, me estoy haciendo unas falsas ilusiones.
