La forma en que Gustavo Alejos Cámbara se presentó a los tribunales luego de pasar dos meses escondido, despierta abundantes sospechas sobre nuestro sistema de justicia que queda expuesto a una severa prueba, porque es imposible que a una persona que pasa tanto tiempo prófuga se le pueda aplicar alguna medida sustitutiva, además del hecho de que se trata, evidentemente, de una persona bien asesorada legalmente que ha tenido acceso durante este tiempo a documentos físicos y digitales como para ir borrando huellas de los negocios realizados y si fuera beneficiado con medida sustitutiva tendría todavía más facilidades para seguirlo haciendo bajo la dirección de sus asesores legales que conocen íntimamente la forma en que trabajan el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

Alejos escogió el momento para entregarse y lo hizo cuando a él le convenía. No fue un regalo de Navidad a la justicia, sino una acción bien planificada para que en estos días cuando, como se dice corrientemente “ni las gallinas ponen”, pueda producirse una sorpresa mientras la población está ocupada en asuntos propios del fin de año.

Pero lo más importante es entender el papel que ha jugado Gustavo Alejos en el país y cómo es que, a pesar de los abundantes negocios que ha hecho a la sombra del poder, apenas se le ha podido formular acusación por uno reciente en el tema de la venta de medicamentos al Seguro Social, eterna piñata que los corruptos han utilizado para forrarse en pisto.

Si en México se decía que no había general que resistiera un cañonazo de cincuenta mil pesos, en Guatemala sabemos que no son muchos los jueces que resisten ese tipo de cañonazos, y por ello es conveniente apegarse a la idea de que hay que pensar mal para acertar. Pensar mal implica ser suspicaz sobre la forma en que hizo su presentación en los tribunales el prófugo de la justicia que fue buscado por Interpol y por las fuerzas locales de seguridad sin éxito, hasta que a él le convino acudir cuando ya tenía algo arreglado para facilitar su defensa. Ese algo arreglado puede ser desde la destrucción de evidencias hasta el uso de mecanismos que no son exclusivos del Bufete de la Impunidad sino práctica relativamente común en nuestro sistema de justicia.

Por ello decimos que hoy está, junto a Alejos, sentada en el banquillo la justicia, sometida a una severa prueba para demostrar que no se vende ni se corrompe, y en alguna medida la ciudadanía cuyo temple en la lucha contra la picardía también está a aprueba.

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