Javier Monterroso
La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una amenaza para la salud de los guatemaltecos, debido a una sentencia emitida por esta Corte publicada el día 20 de diciembre en el diario oficial, miles de personas están en riesgo de no poder adquirir los medicamentos para tratar sus enfermedades, esto gracias a una de las farmacéuticas más cuestionadas del país y a los magistrados de nuestro tribunal constitucional.
El problema es el siguiente: las grandes farmacéuticas transnacionales que por lo general son norteamericanas o europeas invierten millones de dólares en investigar medicinas nuevas para tratar diversas enfermedades, hacen pruebas en animales y humanos y someten sus productos a una serie de estándares de calidad, una vez aprobado ese producto estas farmacéuticas tienen la exclusividad del producto durante cinco años, en esos cinco años recuperan la inversión en investigación y obtienen buenas ganancias.
Pero después de esos cinco años de exclusividad cualquier empresa farmacéutica puede utilizar la fórmula, con los mismos ingredientes y en las mismas cantidades, y producir medicina que tendrá los mismos efectos que el producto original, pero debido a que estas otras farmacéuticas que por lo general son mexicanas o guatemaltecas ya no tienen que invertir en la investigación que ya llevaron a cabo las farmacéuticas transnacionales sus productos son mucho más baratos, estos productos reciben el nombre de medicamentos genéricos y son los que compran las personas de escasos recursos y también las que utilizan la mayoría de sistemas de Salud Pública aún en los países desarrollados.
Sin embargo la resolución de la CC obliga a las farmacéuticas que quieran comercializar los productos genéricos, a realizar las mismas pruebas que hicieron ya las farmacéuticas transnacionales en los productos originales, lo cual es imposible de cumplir y mantener el mismo precio bajo de los genéricos.
¿A quién beneficia esta resolución? A la gigantesca farmacéutica J.I. Cohen que tiene las licencias de la mayoría de transnacionales farmacéuticas. ¿A quién afecta esta resolución? No solamente a las empresas farmacéuticas nacionales sino también a millones de guatemaltecos que ya no podrán adquirir sus medicinas a bajos precios.
¿Por qué la Corte de Constitucionalidad que se supone debe proteger los derechos de la población emite este tipo de resoluciones? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, algunos magistrados y magistradas aseguran que fueron sorprendidos en su buena fe y que solo querían proteger la salud de los guatemaltecos y garantizar que las medicinas genéricas cumplieran con estándares de calidad, el que podría contestar esa pregunta es el magistrado ponente de la sentencia Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien por cierto buscará su reelección el próximo año por el Colegio de Abogados y Notarios.
