Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Establece nuestra Constitución que es función de la Contraloría de Cuentas auditar hasta el último centavo que sea erogado por el Estado, lo que significa que las instituciones particulares que reciben asignaciones presupuestarias, (hoy publicamos la larga lista de quienes se benefician con ellas) tienen que rendir cuentas sobre cómo se utilizaron esos recursos públicos y si la Contraloría no les exige que lo hagan, la presión ciudadana debe forzar a todas y cada una de las ONG para que cumplan con el deber legal, ético y moral, de explicarnos cómo se usaron esos fondos públicos para tener la certeza de que sirvieron al bien común y no para beneficio de alguien.
Ya sabemos que la Contraloría de Cuentas ha sido un mirón de palo en todo este proceso de lucha contra la corrupción y que poco ha sido su aporte, si es que hay alguno, para contribuir a depurar nuestras instituciones. Siempre hay excusas que no se ajustan al mandato constitucional porque el mismo es categórico, pero ni los fideicomisos ni las asignaciones a entidades no gubernamentales son objeto de la necesaria fiscalización, lo que ha permitido que se hagan micos y pericos con los fondos públicos. Simplemente basta citar el caso del subsidio al transporte para demostrar que no hay control sobre el uso del dinero de los guatemaltecos y que ha habido gobiernos que usan esos fondos para el pago de favores o, como se verá en breve, para pagar por la compra de acciones en empresas lucrativas que hacen funcionarios como la Vicepresidenta Baldetti.
No dudo que hay instituciones que necesitan esos recursos y que los usan bien, pero aún en esas entidades tiene que haber fiscalización, no digamos en esas otras que de repente resultan siendo beneficiadas sin que exista una explicación sobre el destino de los fondos. Nadie, ni las más honorables de las beneficiadas, debe quedar al margen de la rendición de cuentas y los ciudadanos tenemos que exigir que se hagan las explicaciones del caso. Podrán decir que no tienen recursos para publicar el desglose de los gastos, pero actualmente con internet se puede reducir enormemente el costo de la información que hay que trasladar a la ciudadanía y es el momento en que los guatemaltecos pongamos coto al despilfarro y la única forma de hacerlo es reclamando datos y detalles sobre la forma en que se gasta el dinero que es producto de los impuestos que se pagan.
Quien tiende la mano para que se le asignen fondos estatales para la realización de sus tareas, está al mismo tiempo asumiendo una obligación de abrir sus cuentas para que puedan ser auditadas a detalle para establecer si el dinero está sirviendo para inversiones del giro de las entidades o si alguien se está beneficiando con esos fondos de manera personal.
No podemos esperar que la Contraloría sea la que haga las auditorías porque siempre nos saldrán con que no tienen personal ni recursos para cumplir con su deber, pero la presión ciudadana debe ser muy fuerte para evitar la corrupción y ese tipo de asignaciones, sin ninguna rendición de cuentas, son arca abierta para que hasta el justo peque.
