Fernando Mollinedo C.
El licenciado Jimmy Morales iniciará el mandato presidencial otorgado por el pueblo el 14 de enero a las 14 horas; supuestamente recibe el país en un verdadero caos, pues hasta ahora fueron calificados como un verdadero desastre los renglones que deberá enfrentar para lo cual necesitará paciencia, capacidad, imaginación y sobre todo, valor para tomar decisiones.
Actuar en política requiere tiempo para concretar proyectos y defender ideales. La historia que se escribió sobre el Estado de Guatemala en los últimos años, destaca las imperdonables violaciones a los derechos humanos cometidas en el período del conflicto armado, guerra interna o como quiera llamársele; también, la incesante violencia que de mano de la impunidad y de autoridades ajenas al dolor humano, transformó a la sociedad como una de las más violentas de la región.
En los últimos años la incidencia delictiva mostró la urgencia de generar un esquema constitucional que atienda de fondo a la problemática de seguridad pública. En este escenario de temor, vejaciones, violaciones, raptos, desmembramientos, extorsiones y demás figuras delictivas, la población protagoniza el doloroso papel de víctima. Pero el contar con un mínimo de conocimiento del pretérito y una esencial congruencia valorativa, harán ver a los miembros de este nuevo equipo gobernante, lo aberrante del apoyo que han brindado a la idea de “militarizar” las estructuras administrativas de seguridad en el país.
La sociedad debe exigir soluciones integrales a los compromisos concretos que ofreció el nuevo gobernante, mismos que dependerán de la buena fortuna y de los funcionarios a quienes esperamos se les ilumine la inteligencia para actuar acertadamente. Mientras tanto, la sociedad continuará buscando a su coste e incomodidad, las respuestas para afrontar el acoso de la delincuencia organizada, la común que está al punto de rebasar a las autoridades de seguridad, la denominada “delincuencia institucional” que AÚN hacen y ejecutan algunos funcionarios y empleados gubernamentales.
Hace cuatro años perdimos la oportunidad de promover las reformas estructurales por las discusiones públicas y el ensimismamiento de las clases políticas en la búsqueda de respuestas a intereses electorales y de grupo. Ahora ¿será posible acceder a ellas, las impulsará este nuevo equipo de gobierno? ¿O será de absoluta “transición” y por cuánto tiempo?
Por otro lado, la judicialización de los procesos electorales es ilustrativa, los problemas de la «justicia cotidiana» entendida como la que tiene que ver con los conflictos más inmediatos entre personas, a quienes muchas veces, no les resuelven y hasta se agudizan porque éstos no acceden con facilidad a la justicia por carencia de tiempo, dinero o información sobre las instancias a las que pueden acudir. Esto genera frustración y amplía la desconfianza que caracteriza al ciudadano común con respecto a la eficiencia de sus autoridades ¡Aliviados estamos!
