Juan Francisco Reyes López
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El compromiso de combate y eliminación a la corrupción implica transparencia y eficiencia en todas las adquisiciones del Estado, destacando las compras de medicinas y material quirúrgico, fundamentales para la prestación de salud curativa en los hospitales públicos y del sistema de seguridad social.
La forma fundamental de lograrlo es que la mayoría de los productos se compren a través de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud, de preferencia en conjunto con otros países centroamericanos, para lograr así que el volumen reduzca el precio de oferta.
Los medicamentos deben adquirirse en subasta pública y el Listado Nacional no debe ser más que la forma de comprar cualquier medicamento que se agote por los cambios de consumo.
Debe ser público un análisis mensual donde la presidencia informe qué, cómo y en cuánto se ha comprado y cómo los valores son distintos a las compras de los productos en las farmacias donde se vende al por menor directamente al consumidor.
La obra pública debe ser igualmente transparente, señalándose mensualmente a qué precios se está realizando dicha obra y si la misma a nivel nacional o municipal tiene órdenes de cambio debe de transparentarse y publicarse dichas órdenes por cuanto es sabido que así es como se aprovechan los contratistas y los supervisores con el argumento de que como la obra ya está en proceso los cambios son fáciles de ocultar y aumentar los precios.
El Código Penal debe de incluir sanciones económicas y de prisión por cualquier abuso o irregularidad en las compras, penando de igual forma al funcionario como al proveedor. Nuevamente Chile es un ejemplo en su Ley de Libre Competencia, misma norma que debe de actualizarse creando la Procuraduría de Protección al Consumidor y los tribunales específicos que sancionen la falta de libre competencia, los carteles o monopolios y todo y cada uno de los abusos que se realicen en las ventas y compras al Estado y a las personas en particular.
La Constitución y el Código de Trabajo tienen que actualizarse para evitar y corregir los grandes abusos que se han hecho en los pactos colectivos de trabajo del sector público, dejando establecido que no puede pagarse ningún tipo de aumento o de prestaciones que no estén establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de forma previa y que no rebase las condiciones del mercado nacional, por cuanto es igual de injusto pagar demás que pagar de menos.
En la reforma constitucional deberá abordarse el tema de la seguridad social, no para privatizar sino para universalizarla de forma real, para que proteja a toda la población activa, empleada o autoempleada; para que el sistema de seguridad social no solo sea el principal ahorrante, sino que las reservas técnicas puedan parcialmente invertirse en cédulas hipotecarias, logrando aumentar la construcción y oferta de vivienda popular, construida y administrada por los bancos privados, de tal forma que las tasas de interés y los plazos satisfagan esa gran demanda social sin que se produzcan abusos o estafas.
Debe también permitirse que parte de las reservas técnicas se inviertan en hidroeléctricas, en autopistas de peaje, logrando una inversión segura y rentable que actualice permanentemente las pensiones de los trabajadores y sus dependientes.
¡Guatemala es primero!
