Isabel Pinillos – Puente Norte
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Cuarenta madres llegaron este 30 de noviembre a El Ceibo, Tabasco, para realizar la XI Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos en búsqueda de pistas que den sobre el paradero de sus hijos en territorio mexicano.
Este es un esfuerzo del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) que intenta visibilizar las violaciones cometidas en contra de los centroamericanos en tránsito por México, víctimas de violaciones humanas, pero especialmente de desaparición forzada. A principios de 2015, la Procuraduría General de México había encontrado 174 fosas clandestinas con restos humanos víctimas del crimen organizado y de desapariciones forzadas por fuerzas policiales o militares sin existir un registro sobre la cantidad de personas que “han sido tragadas por la tierra”.
En un comunicado de prensa, MMM expresó ayer: “Si las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos son motivo de atención y preocupación internacional, los migrantes en tránsito, particularmente a partir del 2006, se enfrentan a un demoledor incremento de la inseguridad que los sitúa en un escenario de extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, y muerte, escenario que se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México y en los países centroamericanos.”
Continúa declarando dicho comunicado: ”A pesar de la emisión de leyes, firmas de convenciones internacionales y declaraciones de intención, es evidente que nuestra práctica en política migratoria forma parte de la política de los Estados Unidos y responde a la presión que ejerce nuestro principal socio comercial, particularmente después de los atentados de Septiembre del 2001 y más recientemente con la llamada ‘crisis humanitaria’ decretada por Barack Obama en el verano de 2014, excusas ideales para un severo endurecimiento del control de las fronteras, resultando en las constantes y cada vez más violentas acciones de detención de migrantes indocumentados potenciadas por el ‘Plan Frontera Sur’, estrategias de contención que invierten millones de dólares en ‘ayuda’ militar, desestimando el rol que juegan la potencias político-económicas en crear el mismo éxodo que intentan contener por la fuerza.”
La complicidad del gobierno mexicano se ha evidenciado en todos los niveles de autoridad, el más evidente en 2010 con la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, en donde se develó la participación de los policías de la localidad en este horrendo crimen.
El Secretario de Gobernación de México reconoció que para febrero de 2015 existían 24 mil 800 personas desaparecidas tanto mexicanas como extranjeras, en base a denuncias realizadas, sin contar con los casos que no fueron presentados a las autoridades.
En el caso del Estado de Guatemala, que ni siquiera cuenta con un censo de los que están presentes, saber cuántos están desaparecidos actualmente es imposible. En realidad a nadie le interesa contabilizar a los desaparecidos. El país de origen no los reclama porque evidencian un problema que no se ha podido solucionar. El país de tránsito tampoco, porque supondría tener que rendir cuentas de las muertes impunes que se cometen en su territorio. Este silencio se mantiene puesto que la diplomacia entre estos dos países se concentra en las relaciones comerciales, y el país de destino se hace de la vista gorda mientras reporta a sus contribuyentes una exitosa disminución de almas que llegan a pedir refugio a sus fronteras.
Mientras tanto, cuarenta madres caminan la ruta para buscar a sus hijos, pidiéndole a Dios encontrarlos en algún albergue. Pero las probabilidades indican que la mayoría de estos hombres y mujeres desapareció del mapa, no antes sin haber sido ultrajado, violado o asesinado. Sus cuerpos irreconocibles estarán en alguna fosa escondida lejos del hogar, sin flores que adornen su sepulcro ni lágrimas de sus madres que mojen la tierra en donde yacen.
