Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En La Hora criticamos fuertemente el trinquete del financiamiento para el montaje de Transurbano desde que entre Álvaro Colom y Álvaro Arzú pactaron con los empresarios del transporte ese mecanismo corrupto que superó en podredumbre a la compra de los buses rojos en tiempos de Berger, lo cual ya es mucho decir. Pero los pactos de impunidad que han funcionado tan eficientemente en Guatemala hicieron que ese negocio, como el que luego hizo Pérez Molina con la Terminal de Contenedores, quedaran sin ser investigados, mucho menos repudiados por la población y penados por la ley.
Las componendas entre Colom, Arzú y los transportistas vienen de muy lejos con el constante aumento al subsidio que se les ha entregado sin control a los dueños de camionetas, pero alcanzó su momento cumbre cuando el Estado asumió el aval de una multimillonaria compra de unidades y de los sistemas de pago, para regalarle a particulares ese dinero que bien pudo servir para el inicio de una empresa de transporte al estilo de las que con toda eficiencia funcionan en otros lugares del mundo.
La forma en que los mal llamados empresarios de transporte urbano llegaron hasta el colmo de convertirse en financistas de campañas políticas es escandalosa. Primero se colocaron con los políticos mediante el favor de facilitar el transporte de los electores durante las campañas y en el día de elecciones, lo cual les permitió asegurarse incrementos considerables en el subsidio, con el agregado de que nadie les exigía cuentas ni controlaba la real operación de los buses por los que se cobra ese millonario subsidio.
Fuera de algunos medios de prensa que protestamos y exigimos que se revirtiera ese nocivo negocio, no hubo mayores reacciones y lo que de plano no hubo fue el menor interés por investigar la operación. Ni la Contraloría, ni el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación movieron un dedo y dejaron pasar un acto inconstitucional como lo fue el otorgamiento de ese aval al préstamo para la compra de buses y de los sistemas prepago.
Siempre he dicho que la corrupción de “La Línea” y la del IGSS constituyen apenas la punta del iceberg porque lo que sigue debajo de la línea de flotación es inmensamente superior. “La Línea” y el caso Pisa permitieron a los ciudadanos entender que lo que algunos veníamos diciendo desde hace tiempo no eran babosadas, sino que realmente nos hemos hundido en la porquería de la corrupción, pero no hay que hacerse ilusiones de que con las investigaciones hasta ahora a luz se ha destapado toda la olla. Falta mucho aún por investigar porque negocios ha habido en prácticamente todas las áreas de la administración pública.
Así como indigna cada vez que uno ve la larga fila de pacientes buscando atención en la consulta externa de los hospitales mientras los negociantes se hartan de dinero, provoca enorme malestar ver la forma en que se tiene que transportar el guatemalteco porque el dinero que debió servir para financiar un buen modelo de transporte se lo repartieron como piñata en ese oscuro contubernio entre el entonces presidente, el alcalde y los transportistas.
