El manejo de asignaciones a entidades no gubernamentales en el Presupuesto General de la Nación ha sido una de las fuentes de corrupción en Guatemala por dos factores esenciales, puesto que por un lado se producen muchas veces por tráfico de influencias y porque la Contraloría no cumple con el mandato constitucional de fiscalizar hasta el último centavo producto del erario, sin que importe quién lo gaste sino precisamente por su origen en los recursos del Estado.
Año con año se repite la larga lista de entidades que reciben jugosas asignaciones que van desde el burdo subsidio al transporte urbano, hasta dinero que sirve para pagar compra de acciones a favor de alguien como la vicepresidenta Baldetti que así se aseguró la mayoría para tener control en la sociedad editora de diarios, asignando a las cooperativas sumas millonarias que eran muy superiores a lo que valían las acciones y que esas entidades han podido gastar sin rendición de cuentas.
La nebulosa del presupuesto permite que se haga una piñata con los recursos públicos y junto a asignaciones justificadas, como las que se hacen a los Bomberos Voluntarios, se incluye una gama inmensa de ese reparto injustificado de los fondos públicos porque se supone que si los particulares se organizan para realizar actividades, deben disponer de los recursos suficientes para su ejecución y no es lógico que decidan organizarse para luego ir a extender la mano para que el Estado les sufrague todos los gastos en que incurren, incluyendo por supuesto los sueldos de quienes dirigen las entidades.
El problema se vuelve mayor porque no hay acceso a la información y la Contraloría no interviene en la fiscalización del gasto. Eso hace que se convierta en auténtica piñata porque cada quien hace lo que quiere y como quiere con los fondos provenientes del pago de impuestos de la población y de esa manera se aumenta exponencialmente el problema de la corrupción.
Ayer, con premura extrema, el Congreso aprobó el Presupuesto y nuevamente hay asignaciones que por lo menos podemos considerar dudosas, pero ha sido imposible entrarle al detalle de las mismas. La Comisión de Finanzas del Congreso históricamente ha sido el centro de ese tráfico de influencias en donde se gestiona desde asuntos particulares hasta burdos negocios como el de la Baldetti con los cooperativistas.
Entendemos que puede haber casos especiales en los que la ayuda estatal se vuelve indispensable, pero la Contraloría lo debe certificar en auditorías creíbles y el Congreso debiera aprobar anualmente la ejecución de los gastos públicos.
