Ayer el Tribunal Supremo Electoral resolvió no adjudicar los cargos de diputado a ciudadanos que habiendo resultado electos no llenan el requisito de idoneidad que reclama la Constitución Política de la República, además de otros que por ser contratistas del Estado o parientes de quienes ocuparán la Presidencia o Vicepresidencia de la República. Obviamente ello hará que la disputa se traslade a las Cortes, porque los afectados harán uso de los recursos legales para lograr que se les adjudiquen las curules, lo que plantea un escenario interesante.
No podemos olvidar, en ningún momento, el origen de las cortes guatemaltecas puesto que devienen de un proceso viciado en las Comisiones de Postulación que estuvo a punto de fracasar por la resistencia ciudadana y la presión de distintos sectores en contra de las designaciones hechas y de la elección en el Congreso. Precisamente uno de los diputados que quedaría fuera del Congreso es el señor Gudy Rivera, señalado con pruebas de haber manipulado el trabajo de las Comisiones de Postulación. Fue hasta que el Embajador de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa, difundido en forma por demás extraña, avalando el proceso que todo terminó y en pocas horas la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar todas las impugnaciones planteadas confirmando el trabajo de esas comisiones y la integración de las Cortes.
Aunque ahora esa Embajada quiera evadir su responsabilidad al avalar la conformación de las cortes, ahí está el comunicado en el que el lenguaje alambicado no oculta el mazazo que se dio al esfuerzo de los sectores pro justicia para lograr revertir el amañado proceso de las postulaciones.
Y viene a cuento lo anterior porque es importante entender lo que pasará a partir de ahora en una larga lucha legal que llegará a la misma Corte de Constitucionalidad en la que se pondrá en cuestión la autoridad del Tribunal Supremo Electoral para decidir si adjudica o no una curul a una persona que fue electa por la población.
Estamos viviendo un proceso de depuración de la clase política que se ha de aferrar a todos los medios a su alcance para defender sus privilegios. El caso del diputado Rivera es ilustrativo porque él fue de los operadores políticos para manosear a las Comisiones de Postulación y ahora pretenderá que se le pague el favor con resoluciones judiciales que le permitan seguir gozando de inmunidad. Al fin y al cabo, para eso fue que metieron tanto las manos.
Veremos, pues, una intensa lucha en las Cortes y sabremos si se deben a la legalidad o al pago del favor recibido.
