Francisco Cáceres Barrios
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Si usted fuera seleccionado para ocupar un puesto ejecutivo de primer nivel en cualquier tipo de organización, seguramente no confiaría, que de entrada o en breve tiempo, vaya a poder ganarse la confianza de los propietarios, de su junta directiva, del personal que tendrá a su cargo, mucho menos de las personas con quienes va a estarse relacionando hacia el exterior. Por ello no extraña ver a nuestra población expresando sus dudas sobre si va a dar la talla nuestro presidente electo para dirigir los destinos del país, pues el forzoso período de acople, de transición o de prueba siempre es el más difícil, además que solo con hechos concretos será posible medir la eficacia de sus medidas o planes.
En la vida política tampoco es extraño observar rechazos a sugerencias o peticiones para decretar impuestos u otras medidas que, por lo general no son bien vistas debido a malas experiencias sufridas en el pasado. Recientemente el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, propuso o sugirió un impuesto temporal para satisfacer las grandes necesidades que tiene el sistema judicial y la respuesta de varios sectores de nuestra sociedad fue de desconfianza, más que una negativa per se. Y la razón es muy sencilla, pues cuando vemos que durante diez años el Estado guatemalteco recibió más de 474 mil millones de quetzales y los indicadores de la pobreza extrema, como los avances en educación, la salud y la infraestructura siguen yendo de mal en peor ¿qué otra reacción distinta al rechazo podría esperarse?
La gran ventaja que tiene entre la bolsa don Iván Velásquez es que él con sus resultados satisfactorios, ya se ganó la confianza popular pero, con la mano en la conciencia, ¿podremos decir lo mismo del sector justicia cuando vemos que sin mayor trámite o gestión se cambia el lugar en que se resguarda al expresidente Pérez Molina o que sin más trámite la exvicepresidenta Baldetti recibe todo tipo de consideraciones aduciendo una enfermedad que nadie acepta o al menos nada convence? Dicho en palabras sencillas, la población guatemalteca tardará mucho para recuperar la confianza en la aplicación de la justicia en nuestro país, y mientras eso se mantenga latente va a ser muy difícil aceptar o en el peor de los casos, al menos consentir más tributos con ese destino.
Quien vino a confirmar ese criterio fue el licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien ha ganado notoriedad desde que envió a prisión a los exmandatarios Pérez Molina y Baldetti, cuando dijo: «La elección de los magistrados debe transparentarse» ¿Lo anterior no es una prueba más que evidente de la imperante desconfianza?
