Oscar Clemente Marroquín
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La ley de Extinción de Dominio contempla una forma de expropiación para que quienes se hicieron con bienes gracias al dinero mal habido sean despojados de su derecho de propiedad. Pero sin duda que tras lo ocurrido en El Cambray estamos viendo una maravillosa oportunidad para que se le devuelva al pueblo más necesitado lo que se ha malversado en su perjuicio y la oportunidad se pinta para que, mediante la aplicación de esas normas, se inicie un proceso mediante el cual todos los bienes objeto de la aplicación de la mencionada norma, sean administrados de tal manera que pasen a ser patrimonio de la gente más necesitada.
No habría mejor forma de aplicar la justicia que esa de despojar a los criminales de sus bienes para entregarlos a la gente cuyas oportunidades también han sido robadas. Por un lado están los bienes del crimen organizado que se dedica a delitos tan graves como el narcotráfico, el secuestro, el sicariato o la trata de personas, pero también está el otro crimen, individual u organizado, que realizan los que se concentran en el saqueo del erario público con lo que le están negando al pueblo las oportunidades que podría disfrutar para aspirar a mejores niveles de vida.
El producto de la Extinción de Dominio termina siendo para el Estado y no todos los bienes son susceptibles de ser repartidos entre la gente más necesitada, pero tenemos que tener una actitud vigilante para que el producto de esa expropiación termine siendo en realidad de beneficio colectivo. No podemos olvidar la cruel paradoja de que por mandato legal era la Vicepresidencia de la República, a cargo de la señora Baldetti, la que tenía en buena medida injerencia en el control del destino de esos recursos y a toda costa se tiene que evitar que haya siquiera duda sobre la forma en que son utilizados.
Creo que es importante el castigo penal que se debe aplicar conforme a la legislación nacional a los que incurren en actos delictivos, pero también considero importante que se establezca como sanísimo precedente en el país esa expropiación para devolverle al pueblo todas esas fortunas mal habidas.
En Guatemala, desde los orígenes de la República, muchas son las fortunas que se amasaron a la sombra de negocios realizados con el Estado. Célebres fueron los favores de Justo Rufino Barrios a sus paniaguados y cómo de allí se derivaron muchísimos de los capitales que se consideran como “tradicionales” en nuestros días pero que no surgen de manera distinta a la que hoy vemos como los que peyorativamente consideramos como capitales “emergentes” producto de negocios públicos.
Imposible ir tan atrás como para recuperar todo lo mal habido, pero sí es importante que se establezcan mecanismos para que quien delinque y, principalmente, quien incurre en corrupción, sepa que esa fortuna mal habida no será gozada por él ni por sus descendientes sino que terminará en donde corresponde, es decir, de vuelta para beneficio de quienes tenían que haber recibido servicios y oportunidades propias del bien común.
