Jorge Santos
Es indiscutible que la tragedia sucedida en El Cambray II de Santa Catarina Pinula, es el resultado de un Estado que se ha organizado para producir inequidades, exclusiones y que por ende ha desatendido a amplios segmentos de la población. Es tanta la ausencia de las instituciones públicas o bien la preeminencia de atender exclusivamente los intereses de los privilegiados que no les ha importado el riesgo, la vulnerabilidad que producen sus actos y de tal cuenta el desprecio a la vida de quienes conforman este sistema.
Y es que lo más preocupante resulta ser la ausencia de justicia frente a estos trágicos hechos. Es de suponer que cualquier otro Estado que pone como centro de todas sus acciones al ser humano, realizaría los procesos necesarios para procurar justicia a quienes resultan afectados por los procedimientos administrativos no observados o llevados a cabo, así como de la posible corrupción que se gestó para que una construcción pudiese darse en un lugar de alto riesgo. Por lo tanto, el procesamiento penal sería un hecho, tanto contra la corporación municipal responsable de la autorización, como de la empresa involucrada.
Y es que tan sólo al momento que vemos en un solo hecho, una tragedia tan grande, es que reaccionamos, pero cuesta mucho más hacerlo, cuando la muerte se da como un hecho cotidiano. Es decir, a la fecha no hay un solo funcionario encarcelado por las muertes de niños y niñas producto del hambre, o que decir de las muertes que se producen en el deteriorado sistema de salud y es tal el nivel de inacción y corrupción que somos uno de los países más violentos del mundo y que por lo tanto cobra la vida de más de cinco mil ciudadanos, sin que el exministro sea puesto a disposición de la justicia.
Y es que debemos observar, que nuestro Sistema de Justicia está diseñado para ensañarse contra los pobres y no contra quien tiene los medios para cooptar, comprar o amenazar a operadores de justicia. Claro está que con raras excepciones, las cárceles del país están llenas de las y los excluidos. Pero acaso dados la multiplicidad de hechos vividos durante los últimos meses, no supondría que la cárcel debería de estar llena de funcionarios tales como el exministro de Salud Pública y Asistencia Social por la corrupción desatada, la ineficiencia de su accionar y el privilegio otorgado a empresas farmacéuticas que ha producido mayores niveles de enfermedad y muerte.
Así como la Corporación Municipal de Santa Catarina Pinula debe ser investigada y procesada penalmente, también lo debiese ser la Ministra de Educación por el deterioro del sistema público educativo, la baja en los indicadores en cuanto a matrícula estudiantil se refiere y por dejar como herencia la entrega de la educación al capital privado.
Así que los eventos trágicos y las muertes dadas, nos debe de llevar, primero a la solidaridad activa y luego a la exigencia de justicia como una medida que garantice que estos lamentables hechos no vuelvan a suscitarse nuevamente.
