Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En estos momentos cientos de guatemaltecos están aún dados a la tarea peligrosa de rescatar los cuerpos de las víctimas del deslave en El Cambray II que siguen soterrados bajo toneladas de tierra y con el riesgo inminente de que se pueda producir otro deslizamiento de tierras que pueda sepultar también a los socorristas voluntarios que se exponen minuto a minuto. Supongo que la gente de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres estará coordinando ese esfuerzo de los dos cuerpos de bomberos y el resto de socorristas, además de preocuparse por la distribución de la ayuda para los sobrevivientes y algo, me imagino, estarán también tratando de hacer para evacuar a los que habitan las viviendas que siguen estando en gran riesgo.
Sin embargo, es el momento en que las autoridades integren un equipo de especialistas para promover las reformas legales que le den sentido a la existencia de ese mamotreto porque si no tiene facultades para realmente prevenir los desastres y reducir el impacto de los daños, no tiene sentido mantener una entidad que gasta millones sin resultados positivos y que, si acaso, se encarga de administrar las noticias sobre los daños provocados por los fenómenos naturales.
Este es el momento para implementar reformas legales que le den potestad a la Coordinadora para exigir a las autoridades municipales y hasta nacionales la implementación de medidas que permitan realmente reducir los desastres mediante acciones preventivas que necesitan de la cooperación de todas las otras instituciones del Estado que no se pueden seguir excusando cada vez que ocurre una tragedia como la que ahora lamentamos.
Y digo que ahora es el momento porque hay que aprovechar que la opinión pública y hasta los políticos están sensibilizados por lo que ocurrió en El Cambray II para que una poderosa coalición nacional presione para que se aprueben las reformas legales que son indispensables para otorgar poder y autoridad a Conred para, llegado el caso, forzar a la evacuación de personas cuando estén en riesgo inminente.
Yo citaba hace poco el caso cubano con los huracanes, fenómeno recurrente en la isla que es enfrentado con una extraordinaria eficiencia a pesar de la limitación de recursos que el embargo económico pesa sobre ese país. Pero es que además hay autoridad que puede obligar a evacuación y en Estados Unidos, el país que cacarea sobre el respeto a la libertad, existen evacuaciones obligatorias y los alcaldes y autoridades de los condados o de los Estados, pueden obligar a los moradores a abandonar sus residencias cuando la vida corre peligro por algún fenómeno natural. Lo vimos hace no mucho en la Costa Este cuando un poderoso huracán asoló los Estados de New York y New Jersey y los vehículos policiales recorrían las áreas bajo orden de evacuación para asegurar que la misma se hubiera cumplido.
No podemos seguir con el esquema actual que se ha probado absolutamente inútil para el fin principal de salvar vidas. Por ello es que Conred debiera, ahora mismo, integrar una mesa de especialistas para imitar lo que hacen otros países y dar un paso al frente para la verdadera reducción de desastres.
