Por Jorge Santos
Cuando Pérez Molina, aún presidente, asediado por la creciente inconformidad social, propuso una terna para que el Congreso designara a un nuevo vicepresidente y éste finalmente fue Alejandro Maldonado, la situación no pintaba bien y mucho menos se podía pensar que la salida de la crisis estaba próxima. Sin embargo, una vez fuera del poder político Pérez Molina y Maldonado asciende a presidente, se da inició a la colocación de actores vinculados a los mismos poderes (económico oligárquico y militar) que llevaron a gobernar al Partido Patriota.
Guatemala cuenta con un Presidente designado por el Congreso y sin representación de las expresiones ciudadanas, que a través de su papel como magistrado de la Corte de Constitucionalidad ha defendido la injusticia, la inequidad, el saqueo y la impunidad. Desde su posición ha ido recomponiendo las piezas de una estructura rota y golpeada, pero que alrededor de 105 días pretenderá enmendar y dejar al próximo gobierno, las ataduras que vuelvan a ser de la impunidad y la corrupción el elemento central de la gobernanza.
Inició en su papel de vicepresidente emergente, colocando a un secretario privado, que al igual que Monzón, ha estado implicado en serios actos de corrupción, luego impuso como tal a un personaje acusado de acoso sexual, ineficiencia en el cargo que desempeñaba y que perteneció a una de las Fiscalías Generales más cuestionadas de la historia. Luego de ese efímero paso por la secretaria privada, hoy Oswaldo Enríquez es premiado por este alfil de la impunidad, con el Ministerio de Trabajo, en donde sin lugar a dudas hará una gestión igual o peor, a la mediocre ineficiencia gestada en la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación.
No conforme y dando la espalda a todos y cada uno de los ciudadanos que durante más de cinco meses inundaron las calles de democracia, nombra como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad a Julio Rivera Clavería, viejo miembro de la contrainsurgencia, exdirector de la disuelta Guardia de Hacienda y mal recordado viceministro de Gobernación de Mauricio López Bonilla y eterno candidato a Fiscal General de la República. Este nombramiento, permitirá al actual gobierno continuar la corrupción y el esquema de violencia y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos y la desatención a los altos índices de criminalidad contra la población, tal y como lo fue el fracasado gobierno Patriota, al cual perteneció.
De igual manera, este gobierno de reciclaje ha reutilizado a viejos funcionarios para las carteras de educación, salud y economía en donde el denominador común suele ser la defensa de los negocios y no la garantía fundamental de derechos. Para la guinda en el pastel, el Gobierno de Maldonado pondrá como Embajador ante la ONU al funcionario de gobiernos militares y corruptos Antonio Arenales Forno, para que desde allí el enemigo histórico de la CICIG haga su labor contra esta, como si hubiese sido un encargo de venganza de Otto Pérez Molina.
