Factor Méndez Doninelli
La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE) presentará al Congreso Nacional varias enmiendas a la iniciativa 4974, que son las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), aprobada por los diputados en dos primeras lecturas. La tercera y última lectura previa a la aprobación, será sometida al pleno el martes 29 de la próxima semana. A criterio de la PNRE, las enmiendas que se propondrán, están dirigidas a insistir en algunos temas que fueron desvirtuados o eliminados y que se relacionan con el financiamiento público para partidos y comités cívicos, controles para el financiamiento privado, el voto nulo vinculante, el acceso a los medios de comunicación, el transfuguismo, la reelección de diputados y alcaldes.
La reforma del Estado pasa necesariamente por la convocatoria e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), espacio legítimo para debatir y aprobar nuevas leyes que modifiquen el actual sistema político electoral, fortalezcan el sistema de Justicia y la institucionalidad debilitada. Por ahora, son los diputados del Congreso Nacional los que tienen la obligación de aprobar reformas a las distintas leyes que exige la ciudadanía, por eso, están metidos en una carrera contra el tiempo, haciendo lo que nunca hicieron antes, quieren lavarse la cara ante la gente y aprobar apresuradamente un paquete de distintas leyes, hasta la de Desarrollo Rural Integral, engavetada desde hace años y entrampada por las élites y las cámaras empresariales. La obligación del Legislativo es legislar a favor del bien común con sentido social, señores diputados, cumplan con su trabajo.
La PNRE está trabajando en otras leyes para proponer reformas y se espera hacer aportes, tendentes a lograr una real y profunda reforma del Estado que permita erradicar la corrupción e impunidad, males perversos que son los signos que caracterizan la actual situación y explican la crisis sistémica que debilita la institucionalidad y gobernabilidad.
Por otra parte, el descubrimiento de la red de defraudación aduanera, las acciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la movilización pacífica de la ciudadanía, indignada con los Gobernantes y políticos corruptos, apresuró la caída del anterior régimen militar, oligárquico y neoliberal, no obstante, el sistema quedó intacto, no se derrumbaron sus principales pilares.
Señalo algunos elementos que es necesario distinguir. Cayeron el presidente y vicepresidenta del Gobierno, el Congreso designó sustitutos, pero en el Ejecutivo gobiernan los mismos funcionarios del viejo régimen, la mayoría de ministros, viceministros, de secretarios, de comisionados presidenciales, gerentes, directores, nombrados por la impresentable administración anterior siguen gobernando. El designado jefe del Ejecutivo, Alejandro Maldonado, cambió cuatro ministros, ¡eso es todo!, pero ¿y los demás?
Si de verdad se trata de un Gobierno de transición, todos los funcionarios del régimen corrupto derrocado, deben ser sustituidos a la brevedad. La ciudadanía sigue atenta, exigente, inconforme y beligerante.
Por último, me sumo a la condena social por el asesinato del activista ambiental Rigoberto Lemus, acribillado en Sayaxché, Petén. Lemus fue quien denunció a la empresa REPSA, productora de palma africana, como responsable del ecocidio ocurrido en el río La Pasión del Petén, provocado por el derrame de químicos dañinos al entorno ecológico y a la salud humana. Por ese hecho, un juzgado local ordenó suspender por seis meses las operaciones de la citada empresa.
