Eduardo Villatoro
Me había propuesto ya no publicar más artículos atinentes a la conducta de la mayoría de los diputados al Congreso, en lo que se refiere a su resistencia a discutir y promulgar proyectos que se encaminan a erradicar la corrupción en la administración pública, en la democratización de las organizaciones políticas, especialmente la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, en fin, realizar cambios que aunque no sean profundos en las estructuras del Estado, por lo menos iniciar la ruta hacia ese objetivo antes de que termine sus funciones la actual legislatura.
En algunas ocasiones he sido demasiado radical en mis apreciaciones al referirme a ese Organismo del Estado, sobre todo cuando he generalizado las críticas a los parlamentarios, aun cuando entre los congresistas hay personas que son la excepción de la regla.
Al conversar con varios amigos, uno de ellos me decía que llamara a la reflexión a los diputados, para que tomen en consideración las causas que motivaron al Ministerio Público y a la CICIG a investigar y denunciar ante los órganos jurisdiccionales a funcionarios de la estatura política considerados intocables, como al propio expresidente Pérez Molina y su excompañera de fórmula Roxana Baldetti, además de otros burócratas de altos vuelos y hasta operadores de justicia.
Comentábamos acerca de que los parlamentarios señalados de haberse valido de sus cargos para cometer acciones al margen de la ley en búsqueda del enriquecimiento ilícito y de transgredir otras normas legales, morales, éticas y cívicas no han percibido el rostro del exmandatario cuando ha comparecido ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, que, aunque intente ocultarlo, denota amargura, tristeza y otros sentimientos de derrota al convertirse en el guatemalteco que ostentó el más alto privilegio que cualquier ciudadano logre escalar políticamente, en un individuo imputado de graves delitos y repudiado por la opinión pública, especialmente cuando sale a relucir la riqueza que ha acumulado no acorde con sus ingresos, y que derivado de las inculpaciones en una persona privada de su libertad y quizá prisionero de sus desmedidas ambiciones.
También abordábamos el caso de la señora Baldetti, a quien los medios informativos la han mostrado postrada desfallecida y macilenta en su lecho de enferma, con el agravante que ningún centro hospitalario privado y hasta del Estado acepta admitirla para que sea atendida por personal médico.
He escuchado palabras de compatriotas que se regocijan de las circunstancias adversas que afronta la misma señora que alrededor de tres años y medio hizo derroche de ostentación, prepotencia y desprecio hacia los guatemaltecos en general, y hacia quien acudían dirigentes políticos para pedir y suplicar sus favores, pero que ahora la ignoran y hasta la desprecian, pero no faltan los que sintamos compasión por las condiciones en que se encuentra, pese a que aún goza de algunos privilegios, según opinión de analistas y columnistas.
Esos dos casos tan notorios podrían ser objeto de reflexión para los parlamentarios desde dos perspectivas. Una de ellas y quizá la más realista es que no se descarta que tarde o temprano algunos o muchos de esos políticos que han contribuido a que se profundice y extienda la epidemia de la corrupción, también sean investigados y procesados por sus conductas y que si fuesen encontrados culpables de los delitos que presumiblemente han cometido sean condenados judicialmente a penas de prisión y sujetos a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Otro factor, éste más abstracto, compete al ámbito puramente personal e íntimo de los diputados que guardan un poco de respeto a los designios divinos, en lo que atañe, precisamente, a su real o falsa relación con el Creador, si sostienen determinada creencia espiritual o religiosa, y las cuentas que deberán rendirle en su momento.
(El incrédulo Romualdo Tishudo les pregunta: -¿Tendrán el valor de mirar con dignidad a los ojos de sus hijos?).
