Oscar Clemente Marroquín
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Ayer se supo que en el presupuesto para el año entrante en el Ministerio de Educación se tuvo que contemplar una asignación que obliga a destinar el 81.3 por ciento de los recursos totales destinados a la cartera para sufragar los gastos derivados del pacto colectivo de trabajo que es, al final de su gestión, la onerosa y criminal herencia que dejó como legado la señora Del Águila luego de plegarse al arreglo político hecho entre Pérez Molina y Baldetti con el dirigente de los maestros, Joviel Acevedo.
No se trata de un típico pacto laboral porque incluye una serie de prebendas y privilegios para la dirigencia que se equipara a los más altos funcionarios del ministerio, con el agregado de que cobran sin trabajar, sino de un pacto político mediante el cual se comprometieron a ser soporte político del gobierno patriota que, a cambio, hipotecó la capacidad del Ministerio de Educación de atender las necesidades de la población.
Exactamente lo mismo hizo el irresponsable de Villavicencio en Salud Pública, asumiendo compromisos que se vuelven imposibles de cumplir en el tiempo y que, junto a la descarada corrupción en el sector, mantienen desabastecida la red hospitalaria y son causa de muchas muertes porque hemos llegado al colmo de que ni siquiera a los enfermos de cáncer se les puede dar la atención que necesitan.
Uno podría pensar que se trata de una mala gestión administrativa y calificarlo como un error, pero cuando se da cuenta de las motivaciones perversas de esos pactos, llamados a construir una base de apoyo político para defender a un gobierno corrupto, y de la forma irresponsable y criminal en que se dispuso de los fondos públicos, se tiene que concluir que es un crimen de lesa patria lo que se ha hecho. Y eso sin contar con el agregado de que dada la indexación que se plantea anualmente de los salarios que hará imposible financiarlos en el mediano plazo, llevándonos a situaciones tan críticas como las que se han visto en Grecia donde se tuvo que reducir el beneficio social como primer paso para resolver la crisis generada por el desorden financiero.
Urge reformar la Ley de Servicio Civil para garantizar que nunca más se pueda negociar sin tomar en cuenta la realidad de los recursos públicos, acción que se tiene que entender como una garantía para que los beneficios de los trabajadores del Estado sean sostenibles. De lo contrario, cuando idiotas al frente de un ministerio negocian pactos colectivos únicamente pensando en cómo sobornar a la dirigencia sindical, sin reparar en el costo financiero de los acuerdos que se alcanzan, el resultado es lo que estamos viendo ahora gracias a crápulas como Del Águila y Villavicencio que han dejado su imborrable huella como consecuencia de su absoluta ineptitud que, al menos en el segundo caso, tuvo además un fuerte ingrediente de corrupción personal al punto de permitirle al médico burócrata convertirse en próspero empresario de hospitales.
Urge que las autoridades actuales inicien una renegociación seria, patriótica y sensata para resolver ese gravísimo problema.
