Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Si algo tenemos que tener claro los guatemaltecos es que permitimos que se construyera un sistema administrativo del sector público en el que todo gira alrededor del tráfico de influencias del que, en todo caso, muy pocos ámbitos pueden librarse porque la corrupción se ha generalizado y pasa factura por todos lados. Formalmente muchos negocios fueron hechos cumpliendo con los requisitos de ley, pero eso no significa que hayan sido transparentes porque es importante entender que la clave no está en llenar los requisitos, sino en tener acceso al funcionario o el ente que toma las decisiones y adjudica el contrato, autoriza el negocio o realiza la compra.
Quien se venga a escudar en el hecho de que todo lo que hizo está en ley nos está queriendo ver la cara de babosos porque a lo largo de todos estos años nadie pasa sin saludar al rey, lo que significa participar en el juego del tráfico de influencias. El financista no es un asalta caminos que lleva una bolsa enorme para meter todo el pisto que pueda sacar de una caja fuerte. Es el empresario que compró el derecho a los contactos necesarios para llevarse todos los negocios, por supuesto que cumpliendo con las formalidades de ley.
Hay áreas especialmente sensitivas en el sector público en donde todo se tramita de esa manera y por supuesto que todos pensamos en las medicinas o los contratos de obra pública que realiza el Ministerio de Comunicaciones y obras públicas, pero uno de los sectores más corruptos a lo largo de la historia ha sido el de Energía y Minas, porque allí se mueven y muestran intereses enormes, de grandes ligas, que no sólo buscan el gran negocio por el lucro en sí, sino que además una serie de beneficios fiscales que resultan imposibles de dimensionar.
Suponer que no hay operaciones realizadas con tráfico de influencias en ese sector es ingenuo, sobre todo si conocemos cómo es que funciona la gestión pública en un país donde todo se ha contaminado con la corrupción. El reportaje publicado sobre la forma en que Jaguar se asoció con el yerno del Presidente para sacar a los chinos nos hizo pensar en que no puede ser que una empresa que recurre a esas prácticas pese a las severas normas de Estados Unidos para contener la corrupción de sus empresas en el extranjero, no haya hecho lo mismo para gestionar su aprobación y obtener un contrato de operación. No es descabellado suponerlo y es tiempo de que los funcionarios entiendan que quien no denuncia la corrupción que puede ocurrir en su campo y quien se acomoda por años tiene que rendir cuentas de su gestión.
En Guatemala nos acostumbramos a permitirlo todo y no exigir la rendición de cuentas. Nadie parece ser responsable de nada y la gente lo acepta como lo más normal del mundo. El dinero puede ir saliendo poco a poco con el correr del tiempo y no nos inmutamos porque, al fin de cuentas, se da por sentado que para eso es el poder, el cargo público.
Si el país va a cambiar, tenemos que ser más exigentes en la rendición de cuentas.
