Raúl Molina
¡A enterrar el sistema político! Pese a la algarabía en torno al fenómeno “Jimmy”, debemos darnos cuenta de que el apoyo que logró es el más bajo que “puntero” alguno haya logrado para la presidencia de Guatemala, alrededor del 24% de los votos. Si se aceptara una participación del 70%, como se pretende hacernos creer, significaría apenas el 16.8% de los ciudadanos y si restamos el 10% correspondiente a los ciudadanos en el extranjero que fuimos marginados, es claro que menos del 15% de ciudadanas y ciudadanos respaldan al primerizo. Es un desastre de ilegitimidad que no aguantaría cuatro años. Posiblemente fui de los pocos que en 2012, luego de la coronación de Otto Pérez y Roxana Baldetti, predije que no terminarían su período. Con Morales, Torres o Baldizón, antes de 2 años lo que ahora los “poderosos” sostienen con alfileres terminará de crujir.
Una vez más afirmo para la historia que estas elecciones deben ser rechazadas. Sostengo que las elecciones fueron inconstitucionales, porque el Congreso, el TSE y la CC decidieron que las personas guatemaltecas en el extranjero no existimos. No se nos permitió ejercer el derecho al voto, pese a que la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo consagran. Inconstitucionales también por haber aceptado a Zury Ríos, cuando la Constitución claramente lo prohíbe. ¿Cuántas diputaciones hubiese obtenido Viva si no hubiera participado? Posiblemente cero, lo que significa que esos diputados son producto de la “inconstitucionalidad”. Inconstitucionales también porque el TSE no pudo o no quiso ejercer su autoridad y aceptó toda clase de candidatos “no idóneos ni capaces”, algunos impuestos por la CSJ y la CC. Y la gran pregunta: ¿Quién manejó el padrón electoral y el sistema de cómputo? En 1995, bastó un apagón de dos horas para quitarle miles de votos al Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG); ahora hubo mucho más tiempo desde el 27 de abril para el fraude. Las elecciones fueron ilegales: participaron candidatos y candidatas con diversos grados de delincuencia, utilizando más de la mitad de los millones de dólares que llegaron del crimen organizado (según CICIG) y la no transparencia de los que llegaron de “fuentes lícitas”, como la Embajada. Se pasaron los techos de financiamiento electoral y las normas emitidas por el TSE fueron absolutamente ignoradas. Las elecciones fueron inmorales, desde las características de candidatos y candidatas hasta el comportamiento de casi todos los partidos políticos (comparsas de Otto Pérez durante 3 años y séquito de la alianza Lider/Patriota de octubre para esta fecha). De esta manera, el cuarto atributo de estas elecciones es ser ilegítimas. Ninguno de los 87 diputados reelectos nos representa. Muy pocos de los 71 restantes se conocen. ¿A quién representan? En una República, los diputados son representantes del pueblo; en nuestra no-República los diputados se representan a sí mismos, a la camarilla partidaria de turno (con claro transfuguismo) y a los GRANDES INTERESES de los “poderosos”, que son los “corruptores permanentes”. Insisto una vez más, las elecciones deben ser anuladas.
