Factor Méndez Doninelli
Lo que sucede en Guatemala, parece otro cuento de hadas en el país de la eterna corrupción e impunidad. Ante los ojos del mundo entero, la ciudadanía guatemalteca está escribiendo lecciones históricas de legítimo y ejemplar ejercicio de derechos y libertades de expresión, pensamiento, manifestación, petición, organización y participación. El desborde de la crisis política y social en la actual coyuntura, la produjo el descubrimiento de una red criminal de defraudación aduanera y evasión tributaria presuntamente dirigida por el general Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, presidente y vicepresidenta del Gobierno, quienes ante la acusación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, sumado a las protestas ciudadanas urbanas y rurales exigiendo la renuncia, justicia y extinción de dominio, han renunciado a sus altos cargos para someterse a la justicia, ambos están privados de libertad y sometidos a debido proceso por orden del Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez. La orden de captura fue solicitada por la Fiscal General, Thelma Aldana.
Durante más de cuatro meses, la protesta social ha irrumpido en todo el país con ocupación de calles y plazas, con intensas movilizaciones, manifestaciones de todo tipo y marchas pacíficas de protesta. Toda esta sacudida al sistema político y a la clase política iniciada en abril, se ha desarrollado paralela a la convocatoria de elecciones generales, programadas para el domingo 6 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral asegura que todo está listo para ese evento. Ya llegaron al país, observadores de la Organización de Estados Americanos OEA, delegados de organizaciones independientes, corresponsales de prensa. Sobre las elecciones hay opiniones ciudadanas divididas, quienes defienden el proceso y quienes lo cuestionan argumentando que en las actuales condiciones las elecciones son ilegítimas y fraudulentas.
Algunas organizaciones sociales fijan su posición. La Asamblea Social y Popular sostiene: «No estamos dispuestos a dar nuestros votos para que un gobierno y un Congreso ilegítimo e ilegal sea el que gobierne y que se sumará a un organismo judicial desprestigiado e ilegítimo. Por eso demandamos al Tribunal Supremo Electoral, que tiene la potestad legal y política para hacerlo, que de inmediato suspenda a los partidos violadores de la ley, se posterguen las próximas elecciones y se responda al clamor popular; de no cumplir su función, llamamos que, como Pueblo Soberano, de forma pacífica, como nos hemos manifestado en estos meses, nos movilicemos para que se nos escuche.»
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala distribuyó un manifiesto que en parte indica: «Esta lucha pacífica, Multisectorial, seguirá porque ESTO APENAS EMPIEZA, falta la investigación, vinculación y procesamiento de otros funcionarios Públicos que han contribuido con la defraudación aduanera, que provocó: la muerte de los pacientes de los hospitales por falta de medicamentos, la falta de atención a niñas y niños de las escuelas, la falta de oportunidades de desarrollo para los campesinos, para Pueblos Indígenas y una atención digna para toda la población. Falta que estos corruptos devuelvan lo que han robado y se invierta en la salud, educación, justicia, seguridad y otras responsabilidades del Estado.» Continúan manifestando: «Hoy más que nunca la lucha por la transparencia, la justicia y la igualdad de Derechos es una necesidad urgente, la búsqueda de consensos, consolidar la unidad de todos los sectores, porque lo alcanzado es una muestra de que se pueden unir nuestras acciones, respetando las ideologías, nuestros derechos adquiridos como mujeres y Pueblos Indígenas.»
