En el medio digital Plaza Pública fue publicado un artículo firmado por el señor Julio Héctor Estrada, quien sostiene que es un exceso lo que se ha hecho con el caso La Riviera y que eso va a ahuyentar la inversión extranjera de Guatemala. Dicho por cualquier individuo, ese argumento llamaría a risa porque él dice que todo lo que ocurrió en la autorización ilegal e inmoral para que La Riviera funcionara como Puerto Libre sin que la exoneración fuera aprobada por el Congreso, fue tan sólo un error, en el que participaron, por cierto, corruptos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero resulta que ese señor Estrada es nada más y nada menos que el hombre del sector privado al frente de la Agencia Nacional de Alianzas Público Privadas de Guatemala y eso cambia por completo la perspectiva del artículo.
Porque si quien es director ejecutivo de esa entidad descentralizada que surge tras una recomendación de CACIF y FUNDESA se atreve a decir que un trinquete como el que se cometió autorizando a que una empresa privada operara como puerto libre sin llenar los requisitos de ley es apenas un error, qué podemos esperar de esas alianzas público privadas que tendrían que pasar bajo el escrutinio de su despacho.
El argumento de que la decisión judicial, que parte de un fallo de la Corte de Constitucionalidad, afecta la inversión extranjera es equivalente a decir que nos tenemos que bajar los calzones en todo para que los inversionistas puedan venir al país y que la impunidad tiene que ampliarse para que los piratas que sobornan funcionarios no sientan ningún temor de participar en negocios en Guatemala. El argumento es francamente peregrino y por ello decimos que dicho por cualquier ciudadano no ameritaría ningún comentario por la evidente torpeza del razonamiento, pero expresado por una persona que tiene la responsabilidad, delegada en él por el poderoso sector empresarial del país, de coordinar ese nuevo modelo de negocios con el Estado que son las alianzas público privadas, tiene que encender todo tipo de alarmas porque si en algún lugar se moverá mucho dinero y el tráfico de influencias (¿errores?) puede ser tremendo, es en esa Agencia Nacional.
¿Vamos a aceptar que lo de La Línea es tan sólo un error y que no amerita castigo, o que Juan de Dios Rodríguez y Compañía apenas incurrieron en error al suscribir el contrato que costó vidas a los pacientes de hemodiálisis? El “error” de las autoridades de la SAT con La Riviera fue advertido oportunamente y lo mantuvieron. ¿De cuánto sería el cañonazo?
