Jorge Mario Andrino Grotewold.
@jmag2010
Lamentable fue conocer la reacción social ante el castigo, con o sin fundamento, que realizaron miembros del Ejército de Guatemala a dos jóvenes acusados de pertenecer a una mara y que presumiblemente realizaban robos y extorsiones en un municipio. El severo acto de golpear a otro ser humano, amparado bajo el uso de un arma de fuego, dejó su espacio a una indignación más grande, cuando la sociedad y la población saliera en defensa de estos empleados públicos, cuyas acciones no representan la línea institucional de una fuerza armada, pero les deja en mala posición por incumplir la ley.
Al poco tiempo de conocerse el video, que un curioso filmó desde su teléfono móvil, del escándalo de soldados agrediendo fuertemente a dos jóvenes, éste pasó de ser viral en las redes sociales, para ser censurado por algunos y aplaudido por otros. Lo cierto es que las historias sobre abusos de militares sobre civiles recordó malos momentos, porque el uso de la fuerza sin fundamento ha sido y será, el más débil de los argumentos para corregir acciones que puedan motivar el uso de la autoridad del Estado. En apariencia, ha sido la propia población la que solicitó a los soldados que intervinieran en capturar a estos supuestos delincuentes, dejando notoria la debilidad de una fuerza pública civil, y que motiva la participación de fuerzas del Ejército para apoyarles en su tarea diaria. Sin embargo, y aun cuando ese proceso de “militarización” puede ser cuestionado por algunos, representa una esperanza de orden y disciplina para la población, ante una Policía Nacional Civil desacreditada en brindar seguridad ciudadana.
La población entonces, prefiere o acude al Ejército para su resguardo, bajo el entendido que ésta institución goza de una credibilidad por su proceso de formación en disciplina y valores, algo que motiva a trasladar confianza en que los malos serán apresados y perseguidos, mientras que los buenos serán resguardados. Esa es sólo una teoría, que contrapone otras sobre la historia reciente de nuestro país y de muchos otros alrededor del mundo, que establecen por distintas razones y etapas, a los Ejércitos en un abuso de poder público, al contar con recursos y armas a su disposición.
Pero actuaciones tan grotescas como las realizadas por estos soldados, desmotivan la credibilidad del Ejército y delatan su falta de capacidad para el manejo de la fuerza pública. Sus capacidades y formación son para otras circunstancias, establecidas desde un inicio para combatir fuerzas extranjeras y resguardar las fronteras del país, además de que en tiempos modernos, coadyuvan con el rescate de personas durante los desastres naturales o el combate al crimen organizado, entre otros. Brindar seguridad ciudadana y hacer justicia por sus propias manos, no son parte de su mandato. Inclusive bajo órdenes, no procede las acciones de brindar golpizas a menores de edad, menos aun cuando éstos toman por sí solos la decisión de “darles una lección” a los supuestos mareros. Aun cuando éstos fueran culpables de acciones delictivas, el apoyo que los protocolos de seguridad autorizados les obligan, es a ponerlos a disposición de la fuerza civil, y éstos ante un juez, para ser juzgados. En este caso, ni la una ni la otra, pues los menores golpeados, fueron liberados, por lo que se duda de su participación en acciones ilegales.
Guatemala requiere de toda la sociedad para alcanzar la tan ansiada paz social, lo que involucra también al Ejército de Guatemala, pero en cumplimiento con su mandato constitucional y de los nuevos protocolos de protección ciudadana, subordinado a un poder civil y con el respeto de las leyes del país, así como de los derechos humanos.
