En La Hora hemos cuestionado desde sus orígenes el negocio que se hizo en Puerto Quetzal al entregar a una empresa española, mediante una simulación, la concesión de los bienes del Estado a una empresa española para que construya, administre y lucre con la terminal de contenedores que constituye uno de los giros más importantes de la actividad portuaria. Cuestionamos seriamente el apoyo irrestricto que el Presidente dio al interventor de la Portuaria cuando se hizo el negocio y al embajador español que operó como gestor de negocios a pesar del evidente fraude de ley y de la obvia corrupción en el asunto.
Hemos criticado al Contralor de Cuentas por su ineficiencia e incapacidad para actuar de conformidad con lo que se le exige constitucionalmente, pero en este caso tenemos que reconocer que está actuando con propiedad cuando anuncia que solicitará que se declare legalmente la lesividad del negocio. Exactamente esa es la función que le encomienda la Constitución, es decir, tiene que velar por los intereses nacionales y el cuidado de los bienes del Estado cuando algún funcionario los compromete, como ocurrió con el caso del interventor Alan Marroquín, quien hizo micos y pericos por gozar del más pleno respaldo tanto del Presidente Pérez Molina como de la entonces vicepresidenta Baldetti.
Estamos viviendo momentos especiales en el país y es necesario que se aproveche el impulso para forzar a una depuración de todos aquellos negocios hechos con base en actos de corrupción, especialmente en todo lo que tenga que ver con la concesión de los bienes del Estado que han sido objeto de una piñatización indecente porque se han regalado, literalmente, a particulares que hacen uso de esos mismos bienes para mantener e incrementar su poder político.
Creemos que una de las cuestiones importantes en el futuro del país es el establecimiento de una norma que haga imprescriptible la acción penal para perseguir hechos de corrupción tomando en cuenta que ese crimen en un país pobre como el nuestro es de lesa humanidad porque condena al pueblo a seguir sufriendo la miseria y falta de acceso a servicios públicos.
Recuperar los bienes del Estado que han sido objeto de piñatización dolosa es un imperativo y por ello es tan importante sentar un precedente firme y categórico con este caso que ya el Contralor de Cuentas empezó a trabajar para lograr que se declare la lesividad del asunto. Y los inversionistas tienen que saber que el que viene a operar honradamente y sin implicarse en corrupción tendrá el respeto de la Ley, pero no así quienes obtienen beneficios y privilegios a cambio de mordidas.
