Javier Estrada
En septiembre de 2014, la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) presentó una iniciativa para prorrogar por cuatro años el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Hoy, once meses después, ese Lider mantiene una pugna mediática contra el titular de la CICIG, Iván Velásquez, que ha señalado a varios diputados y al vicepresidenciable Edgar Barquín, por su supuesta participación en varios ilícitos.
La vida da muchas vueltas, sobre todo en la política guatemalteca, que se rige por normas bastante alejadas de la seriedad y la ética, y por eso no extraña que en menos de un año la bancada mayoritaria cambie su postura sobre un tema de Estado, que representa un parteaguas para la historia del sistema de justicia.
Si bien el grupo Lider sostiene que su pugna no es con la institución de la CICIG, sino con Velásquez, lo que está claro es que el partido se siente atacado por los señalamientos de la Comisión contra varios de sus integrantes, especialmente porque la acusación contra Barquín pone en riesgo la participación de Manuel Baldizón en las elecciones de septiembre próximo.
¿Cuánto durará el apoyo a la cruzada contra la corrupción de la CICIG y el Ministerio Público? En el caso de Lider, no pasaron doce meses. ¿Qué pasará con los otros partidos? Es importante anotar que de momento no hay un señalamiento directo contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero no sorprendería que con su capacidad de investigación, la Comisión encuentre datos interesantes sobre los señalamientos de corrupción en esa administración.
Es importante que los políticos adopten una actitud seria y patenticen un verdadero apoyo a la CICIG y al comisionado Velásquez, independientemente de las investigaciones que se realizan y que de una forma directa o indirecta puedan afectar a sus agrupaciones políticas.
Ya la Comisión señaló en su informe a uno de los principales financistas de la UNE por su participación en negocios del Estado; por eso considero que sería responsabilidad de Sandra Torres, la presidenciable de ese partido, colaborar con toda la información y documentación que sea necesaria para esclarecer el caso, ya que la complicidad se da por omisión, y no solo por acción.
También ha salido a luz el Caso La Riviera, que representa un duro golpe para el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres, quienes nombraron al superintendente Rudy Villeda, ahora es señalado como responsable de permitir la exoneración ilegal de impuestos a un depósito aduanero privado.
Desde otro ángulo, considero destacable el papel del CACIF al patentizar su respaldo a la CICIG y Velásquez, aun cuando esa instancia ha señalado en un caso de corrupción al diputado y empresario, Pedro Muadi, quien es parte de la cúpula empresarial del país.
Es mi opinión que el CACIF entendió perfectamente que la lucha contra la corrupción debe navegar hacia adelante, aun cuando el viento sople en contra de algunos de sus integrantes. Es, precisamente, esa visión la que se debe imprimir en los partidos políticos, que cambian de postura constantemente en cuestiones determinantes para el país.
Es cierto. Parece imposible. Sin embargo, esto es lo mínimo que se espera de la renovación política que está exigiendo la ciudadanía y de la depuración política involuntaria que se realiza a través de diversos casos de corrupción iniciados por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG.
