Jorge Mario Andrino Grotewold
La sociedad guatemalteca reclama cambios a un sistema electoral base de un sistema político corrompido, por múltiples circunstancias, desde la no idoneidad de sus candidatos, la ausencia de democratización de los partidos políticos, la ausencia de ideologías en sus planteamientos y por sobre todo, la falta de legitimidad para ejercer la función pública, local, legislativa o nacional.
Por ello, se busca que exista una reforma electoral sustancial que logre cambios efectivos a un sistema, o bien sustituya casi en su totalidad el existente, algo que a todas luces no puede hacerse con los mismos actores que se han beneficiado del propio sistema corrupto. Sin embargo, ante la coyuntura actual, se requirió de presión social para que el Congreso de la República, en representación del sistema político actual, sumara esfuerzos con la sociedad civil y realizara propuestas de modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La propuesta tenía como premisa fundamental, en el tiempo presente, actualizar la citada ley y que ésta tomara vigencia de forma inmediata, obligando a realizar un proceso de transición democrático ante la situación de ser año electoral y de necesitar un cambio obligado en la conducción del país.
Lamentablemente el acuerdo de los partidos políticos ha fallado para la propuesta de reforma electoral inmediata. No puede, bajo ninguna perspectiva, tomarse en serio una propuesta de reforma electoral que ni siquiera cumple con los requisitos básicos de lo que un sistema electoral debiera ser. En primera instancia, no hay inmediatez, al fallar en la aprobación para darle aplicación en el presente proceso de elecciones a temas como validez del voto nulo, la no reelección, o el transfuguismo. La campaña electoral, seguirá igual de mala, pero ahora será el Tribunal Supremo Electoral el responsable de coordinar el financiamiento. Pero la máxima autoridad electoral deberá ser cuidadosa con limitantes a la libertad de industria, a la libertad de emisión del pensamiento o bien a los derechos políticos. Desprestigio, corrupción y desgaste político se le avecinan al TSE, en caso de no contar con un apoyo social, político y legal suficiente.
Aunado a ello, los diputados también han fallado en alcanzar acuerdos políticos (principal función de cualquier organismo legislativo) para aprobar la reforma, y ante la negativa de uno de los partidos políticos con bancada mayoritaria, la aprueban de forma incorrecta, siendo que una ley de rango constitucional, requiere de votos con mayoría absoluta, en lugar de la tradicional mayoría relativa para leyes del orden común. La interpretación antojadiza de los legisladores sobre que es solamente hasta la tercera lectura que debe contar con la mayoría absoluta y que no importa vulnerar dicha mayoría en las aprobaciones previas, deberá ser enmendado por la Corte de Constitucionalidad cuando emita su opinión, pues de lo contrario sentaría un precedente nefasto para los procedimientos de modificación a leyes constitucionales.
Así entonces, los partidos políticos se salieron con la suya. Realizaron maquillaje electoral a una propuesta originaria del TSE, y fingen que el sistema será mejor de esta forma, queriendo que la ciudadanía responda con felicidad ante un nuevo fiasco de la clase política, que no quiere dar marcha atrás en alcanzar y retener sus privilegios y sus posiciones políticas.
Guatemala no puede esperar más, y la insatisfacción social está llegando a uno de los factores más importantes del país, el factor económico. Una vez fusionados ambos elementos, tendrá el país una receta para el estallido social, que traerá caos y vulneración de derechos, todo ello por la ausencia de verdaderos líderes que reconozcan su posición, la gravedad de la actual coyuntura, y le den verdaderamente al país lo que necesita.
